El diligenciamiento de esta causa se encuentra en manos de la fiscal penal Gabriela Buabse, quien en septiembre pasado había dispuesto un requerimiento de juicio en contra del secretario general de la UTM y otros diez manifestantes, aunque en diciembre de 2016 el juez de Garantías Ignacio Colombo resolvió anular el pedido de juicio debido a desprolijidades entre la imputación y el requerimiento formal de debate.
La decisión del juez, más allá del festejo de la defensa de Serrudo y los otros manifestantes imputados, no significó el archivo de la causa, sino la remisión de la misma a la fiscalía a fin que se corrijan una serie de medidas procesales que afectaban el derecho de defensa de los acusados.
En este año, tras la feria judicial, la fiscalía llevó adelante una serie de diligencias, entre ellas nuevas declaraciones testimoniales, las que permitieron echar mayor luz en torno a los incidentes protagonizados por Serrudo y compañía, tanto en las oficinas del Tribunal de Cuentas como en el Centro Cívico Municipal.
En vista de ello, en la última semana, la fiscalía comenzó a citar nuevamente a los manifestantes acusados a fin de hacerles conocer las imputaciones penales correspondientes por el accionar que tuvieron durante los desmanes y agresiones protagonizadas el 29 de abril del año pasado.
Destrozos y agresiones
Respecto a la causa que originaron las actuaciones penales tienen como base los desmanes y lesiones que el grupo de manifestantes encabezado por Serrudo generó el 29 de abril del año pasado, cuando los acusados, molestos por una decisión de la Justicia Federal que afectaba el convenio colectivo, irrumpieron en las oficinas municipales a fin de incitar a los trabajadores a unirse en la protesta.
El accionar de los manifestantes causó daños en el mobiliario, tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Centro Cívico, donde se rompieron puertas, escritorios y computadoras.
En los últimos días, la fiscalía reordenó las imputaciones de acuerdo a las previsiones señaladas por el Juzgado de Garantías, y comenzó a citar nuevamente a los manifestantes acusados a fin de hacerles conocer su situación procesal, con lo cual la causa volvió a retomar brío.
Las escenas quedaron registradas por cámaras de video del municipio, como así también varios empleados tomaron imágenes de los desmanes con sus teléfonos celulares, grabaciones que fueron recolectadas por la fiscalía al realizar la investigación penal del caso.