Entre estas causas, se cuentan las que se llevan adelante por delitos de lesa humanidad, por narcotráfico y hechos de corrupción. Con las cláusulas transitorias la reforma tendría su impacto inmediato en Salta, donde hay fiscales trasladados y fiscales subrogantes.
Además de dislocar el trámite de estos procesos, la cláusula transitoria tercera del proyecto “conlleva el despido injustificado de cientos de trabajadores con años de servicio”, lo que ya provocó la convocatoria a una medida de fuerza para el 15 de este mes.
En el documento se señala que el proyecto “atribuye al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo funciones vinculadas con el MPF que antes no tenían y que atentan directamente contra su autonomía y contra la división de poderes, en violación del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
La iniciativa también flexibiliza los mecanismos de designación y remoción del Procurador General de la Nación (PGN), dado que para la designación basta con la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Y para la destitución se abandona el mecanismo de juicio político, y se incorpora la facultad del Ejecutivo de acusar de oficio y la suspensión inmediata. “En definitiva la estabilidad en el cargo del titular de un organismo clave para el funcionamiento del sistema de justicia queda condicionada a la voluntad del Poder Ejecutivo y a la conformación de mayorías circunstanciales del Parlamento”.
El proyecto también otorga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos facultades reglamentarias sobre el MPF, lo cual constituye “una intromisión indebida de otro poder del Estado y, por ello, una afrenta a la autonomía del MPF, atenta contra la estabilidad de los fiscales, prevista precisamente a los efectos de garantizar su actuación independiente”.
Y establece “intromisiones indebidas del Poder Legislativo sobre el MPF”, ya que la Comisión Bicameral podrá evaluar y formular recomendaciones de actuación al MPF y podrá requerir información y convocar a audiencias al PGN y a todos los miembros del MPF.
Asimismo, el documento advierte sobre retrocesos en la investigación del crimen organizado y la persecución de violaciones de derechos humanos, dado que se eliminan las procuradurías especializadaas y las direcciones generales técnicas de apoyo, “lo que implica un fuerte retroceso en su institucionalidad y en la perdurabilidad de una óptica criminal estratégica a largo plazo”.
El documento subraya que estos cambios se proponen en momentos en que es necesario “fortalecer las políticas estatales para enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los demás fenómenos delictivos de alta complejidad”. Por el contrario, la iniciativa debilita la estructura fiscal para investigar el crimen organizado.
