Según se indicó desde el Centro de Información Judicial (CIJ), se habilitará la participación de "Amigos del Tribunal". Por su parte la abogada que sigue el caso en Salta, Gabriela Gaspar, dijo a Nuevo Diario que desde la Provincia se tiene la intención de analizar los pasos a seguir y cuáles organizaciones se presentarán para defender la laicidad en la escuela pública. A ello se sumarán acciones articuladas con organizaciones de Buenos Aires para tomar una postura al respecto.
De carácter informativo
Según lo informado desde la Justicia de la Nación, la audiencia pública será de carácter informativo en el marco de la causa "Castillo, Carina Viviana y otros contra Provincia de Salta -Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/amparo", y estableció un plazo de 35 días para las presentaciones de “Amigos del Tribunal”.
La medida judicial en curso se trata de un amparo colectivo iniciado por la Asociación de los Derechos Civiles (ADC) y un grupo de madres salteñas contra el Estado Provincial -Ministerio de Educación de Salta-, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas locales y de las actividades de los funcionarios escolares de la provincia que imponen la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas.
La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas provinciales que disponen que la enseñanza religiosa integre los planes de estudio y se imparta dentro del horario de clase. Además, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.
La parte actora elevó su apelación ante la Corte Suprema de la Nación alegando que la educación religiosa en la escuela pública durante el horario escolar y como parte del plan de estudios, trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.
La Procuración General de la Nación, en tanto, ya opinó que el dictado de religión no debe ser impartido en horario escolar, dado que a su entender es discriminatorio.
La Corte del 2x1
Desde el Partido Obrero se indicó que la Corte Suprema “debe convocar a una audiencia pública para discutir la legalidad del dictado de educación religiosa en las escuelas de Salta”. Recordaron que el antecedente que dejó el ministro Esteban Bullrich fue a favor de la injerencia confesional. “Estamos ante un debate de fondo que se seguirá procesando, ahora en la Corte macrista del dos por uno”, indicaron.
Recordaron que la Procuración se pronunció en contra de la enseñanza católica, pero en nombre “de las minorías”. Es decir que dejó la puerta abierta a que otros credos desembarquen en la escuela.
De todos modos, la experiencia de Salta muestra que el “pluralismo religioso” sólo existe en los papeles; en la realidad se impone el catolicismo. La Curia hasta tiene la potestad de elegir a los docentes de la materia.
