La audiencia del Máximo Tribunal comenzará el 16 de agosto y continuará el 17, 30 y 31 de agosto. Esto en el marco de un amparo que presentaron padres de alumnos de las escuelas públicas de Salta en contra de impartir religión en las escuelas. Los padres persiguen la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Provincial de Educación que permite que la enseñanza de religión sea un hecho. La Corte de Justicia de Salta, no obstante, entendió que las normas son constitucionales.
"La Argentina es un estado laico, pero en Salta, en un despliegue de autoritarismo propio de un estado teocrático, se impone la religión dentro de la currícula como una materia en la que, supuestamente, se harán conocer a los niños la historia y principios de las distintas religiones, cosa que en la práctica no sucede, porque los maestros de religión salidos del Instituto Monseñor Tavella de la Curia y nombrados directamente por el obispado sólo inculcan catecismo explícito", indicó el comunicado de la asociación al denunciar la real situación en las escuelas.
Agregó que "Los chicos no católicos no tienen actividades alternativas y se ven obligados a permanecer en las aulas y escuchar clases de religión católica.
Además de cuestionar la intromisión de la Iglesia Católica en la educación pública, apuntó a su intolerancia a impartir, por ejemplo, educación sexual integral desde un punto de vista científico en una provincia donde la tasa de femicidio en Salta es una de las más altas del país. Cuestionó el "negocio" que implica que la Iglesia Católica (y la Evangelista también), puedan "validar" a los encargados de impartir educación religiosa además de recibir terrenos donados por el estado provincial.
"Es que, como decía mi abuelo, el negocio es el negocio y el apostolado es el apostolado, pero mucho más frecuentemente el apostolado es un buen negocio", indicaron al referirse a este punto.
Mas de 100 amigos del Tribunal
Esta causa es en un proceso colectivo iniciado por una asociación civil y un grupo de madres contra la provincia de Salta y se prevé la participación de más de 100 "Amigos del Tribunal".
Los demandantes recurrieron ante la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, entre otros.
