Según el cronograma previsto por la Corte Suprema, la audiencia prosigue mañana, y luego el 30 y 31 de agosto.
La primera audiencia se inicia hoy a las 10,con la exposición de algunos de los 100 “amigos del tribunal”, que se presentaron en la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, que tramita ante la Secretaría Judicial N° 1 del Máximo Tribunal, a cargo del secretario Damián Font.
Para el último día se prevé las exposiciones de las partes en contienta (el Gobierno de la provincia por un lado y los abogados de los padres por el otro, además de la Asociación Civil ADC, que presentó un amparo), que luego serán tomadas en cuenta para el veredicto final del Tribunal.
El objeto del amparo es que se declare la inconstitucionalidad de las normas locales que disponen que la enseñanza religiosa integre el plan de estudio y se imparta dentro del horario de clase.
Los actores sostienen que las normas, del modo en que son aplicadas, imponen la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas y el adoctrinamiento de menores cuyos padres poseen otras creencias.
La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas. No obstante, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa. Por el momento, estas disposiciones son incumplidas en algunas de las escuelas.
La parte actora recurre ante la Corte Suprema de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.
Excusación y dictamen
El ministro Carlos Rosenkrantz se excusó en este expediente por haber sido miembro de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), al momento del inicio de la acción.
Por su parte el procurador ante la Corte, Víctor Abramovich, entendió que el Máximo Tribunal argentino debe ordenar el cese del dictado de la educación religiosa dentro de las aulas de las escuelas públicas durante el horario escolar.
En su dictamen, el fiscal indicó que en más de una ocasión se denunció desde las escuelas que los chicos que no eran católicos contaban con una presión importante para tomar las clases. Sostuvo entre los ejemplos que dio que según las denuncias en la Escuela René Favaloro, en 2010 en el nivel primario participaron 680 alumnos de la clase de educación religiosa de los cuales 21 pertenecían a la religión evangélica, 5 eran testigos de Jehová y 6 se manifestaron no creyentes.
Solo 2 alumnos optaron por no participar de la clase. Al menos 34 manifestaron no ser católicos.
