El finquero también desobedeció la orden de una jueza civil de paralizar cualquier tipo de actividad en dicho terreno.
Como se sabe, Karlen fue condenado a seis meses de prisión condicional por el delito de desobediencia judicial. El fallo, dictado el 2 de octubre del año pasado, fue dispuesto por la jueza Azucena Vázquez, a instancias del fiscal penal Pablo Cabot, quien llevó al finquero a juicio por el desmonte de 11 mil hectáreas en Dragones, en el norte provincial.
Este fallo fue apelado por la defensa de Karlen, instancia judicial que se encuentra aún a la espera de una resolución de parte del Tribunal de Impugnación. En tanto, el Procurador General, Pablo López Viñals, y la fiscal civil de Tartagal, Griselda Nieto, avanzaron con una demanda de 171 millones de pesos, destinados a la reparación ambiental del bosque nativo arrasado por Karlen.
Para ello se inició un juicio civil, presidido por la jueza Claudia Yance, quien llevó adelante, meses atrás, varias audiencias tanto en Tartagal como en la localidad de Dragones, donde escuchó a numerosos vecinos respecto al daño ambiental causado.
A fin de evitar un nuevo fallo en su contra, la defensa de Karlen, a cargo del abogado Rubén Chávez (de acervo romerista), solicitó que el caso sea llevado a la instancia de conciliación, lo que dio a paso a una serie de audiencias entre Karlen, la Fiscalía y la Procuración.
Dilaciones
Las audiencias, sin embargo, fueron sólo para estirar el proceso, ya que en ningún momento Karlen estuvo dispuesto a acceder a reponer la especies de bosque nativo que había desmontado, en cambio propuso otro plan, que incluía el sembrado de especies exóticas y la actividad agrícola a su favor.
Para poder solventar esta estrategia, Karlen contó con una campaña del diario del ex gobernador a favor de la plantación de las especies exóticas sugeridas por Karlen, plan de desarrollo que, curiosamente, va en contra de la política del presidente Macri, socio político de Romero.
Pese a estas maniobras, la propuesta de Karlen fue rechazada porque no contemplaba la reparación exigida por ley. Inmediatamente, y para evitar que la jueza civil retome el curso del juicio civil, el finquero apeló a un sistemático planteo de “chicanas” legales. Entre ellas, observaciones a las pericias realizadas por expertos del INTA, del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, del área de Bosque del Gobierno Nacional, de la UNSa; planteos que fueron rechazados por el fiscal, Gonzalo Vega, quien asumió el trámite de la causa, ya que su colega Nieto juró como jueza.
Por otra parte, se advirtió la aparición de otros acreedores que embargaron la finca de Karlen, lo que obligó a la jueza Yance a tomar los recaudos del caso, a fin de evitar que los nuevos acreedores intenten apoderarse de la propiedad, ya que existe la sospecha que sean en realidad, testaferros del finquero. La jueza hizo lugar a un pedido de la fiscalía para que se ordene la paralización de las actividades por parte de Karlen en el terreno desmotado, pero el finquero en ningún momento cesó las mismas.
