Bajo este título se indica que se evaluará la cantidad de personas que están en condiciones de jubilarse para que inicien el trámite, y el retiro voluntario de los trabajadores.
"Estamos estudiando el decreto. Hasta ahora nos da tranquilidad de que esta disminución del gasto público no afecta a los trabajadores de planta permanente ni temporarios, lo cual es un paso importantísimo", dijo Soto al ser consultado por Nuevo Diario sobre la reciente disposición provincial.
Sin embargo, indicó que algo que sí preocupa es el tema de las jubilaciones y el retiro voluntario. Indicó que si bien cada trabajador podrá ver si le conviene o no el retiro voluntario, se debe analizar cómo se va a liquidar el retiro voluntario dado que en la normativa de ayer se establece como parámetro otro decreto de la década de 1990.
Por otra parte, sostuvo que se tendría que conocer si lo de las jubilaciones "legalmente se puede hacer. Yo creería que no", dijo el gremialista al indicar que ante estas situaciones es que se está trabajando con los delegados de los distintos organismos, mientras se espera una reunión con el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, para poder evacuar las dudas que puedan surgir.
El titular de ATE, Juan Arroyo, por su parte, indicó que se analizará el escrito legal con los delegados para de allí poder definir en conjunto sobre los cuestionamientos y las acciones a seguir.
En el decreto se establece que hasta el 15 de diciembre los ministros deberán presentar un plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas, con una reducción no menor al 20% de la actual, sin tocar planta de agentes permanentes y temporarios.
También se deberá enviar el listado de los trabajadores en condiciones de jubilarse, a quienes se deberá intimar para realizar los trámites ante el Anses a los 20 días de la notificación. "Su incumplimiento", dice el decreto, "constituye una falta grave".
A planta permanente
Entre otras disposiciones, a través del decreto también se instruyó a la Secretaría de la Función Pública a implementar un plan de retiro voluntario para el personal de planta permanente de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, con adecuación a las pautas establecidas en la Ley 6.583 y normas complementarias.
Otro de los puntos apunta a prohibir el pago de comidas o refrigerios por el desempeño de funciones o tareas en extensión horaria en todo el ámbito de la Administración Pública en general.
