La solicitud fue realizada por la empresa Chaco Servicios SA, la que pretende habilitar más de 5 mil hectáreas para la explotación ganadera.
Según informó la Secretaría de Ambiente en la convocatoria de la audiencia pública, el proyecto de la firma “se ejecutará en dos módulos productivos”, 2.997 hectáreas serán habilitadas en la primera etapa y 2.244 en la segunda, “con 4164 hectáreas de protección y reserva”.
Se trata de una finca ubicada en el Lote 3 Fracción 1, de la matrícula 2083, que tiene un total de unas 11.250 hectáreas y es conocida como Fiscal 49. Según pudo recabar Nuevo Diario, ya tiene desmontadas 1.900 hectáreas, tarea que se realizó entre los años 2014 y 2015.
Para este fin se hizo una audiencia pública en 2011, en el marco de un expediente iniciado en 2003, en el que la provincia aprobó un desmonte de 2.048 hectáreas, también en este caso para preparar la tierra para la explotación ganadera.
La finca se encuentra en la zona rural de la jurisdicción de El Quebrachal, dentro del predio denominado Lote 3 Fracción 1, registrado bajo el catastro matrícula 2083, en el Registro de la Propiedad de Inmuebles de la provincia de Salta.
Y en lo que respecta al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos está comprendido en la Categoría III (verde), es decir, se trata de “una zona que prevé su transformación parcialmente o en su totalidad”, se destaca en el estudio de impacto ambiental, social y econónico realizado en 2015.
Una familia adentro
Este estudio realizado para este emprendimiento, al que Nuevo Diario tuvo acceso, da cuenta de que dentro del predio existe un asentamiento humano denominado Los Jardines, donde vive una familia criolla de cinco integrantes (padre, madre y tres hijos) que se dedican a la cría de ganado bovino a monte abierto.
Estos habitantes se autoidentifica como criolla. El estudio añade que “en la zona rural del municipio no se ha detectado la presencia de asentamientos aborígenes ni desplazamientos de éstos en la zona”.
Asimismo, el estudio señala que esta familia manifestó “incertidumbre acerca de la estabilidad residencial próximas y al ver restringidos los espacios para su ganado”, lo que podría “conllevar una mayor presencia de riesgo de ruptura de las propias relaciones sociales como consecuencia de la generalización de las incertidumbres planteadas en un desacuerdo fundante”, por lo que entiende que “este contexto social presente obliga a establecer medidas de gestión social”.
Aunque el mismo estudio destaca que el área de explotación del proyecto “no incluye el sector donde se emplaza la vivienda, lo cual implica que no hay necesidad de traslado o relocalización”.
Y respecto de la preocupación de los criollos por el espacio para pastaje de sus animales, destaca que “el proyecto propone una superficie de 894 hectáreas, distribuida en 8 lotes, que será destinada especialmente para el servicio de pensión con arriendo de forraje en pie”.
“El desarrollo productivo supone la gestión ambiental de una superficie de 9.405 hectáreas sobre un total de 11.250 hectáreas” del predio Lote 3 Fracción 1, describe el estudio de impacto ambiental medio.
El informe sostiene que se trata de un predio con monte ralo y en las conclusiones se destaca que el proyecto se encuentra en “un área rural marginal, que carece de infraestructura de abastecimiento y saneamiento”, se accede a ella por la ruta nacional 16 y caminos vecinales.
