Según afirmaron desde Greenpeace, las amenazas vinieron del titular de la firma ubicada en la jurisdicción de Ballivián en el departamento San Martín, contra los directivos de la entidad ambientalista Martín Prieto y Hernán Giardini.
Giardini contó a Nuevo Diario que la denuncia se realizó desde la entidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se dio a conocer que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes, con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente.
Partes del escrito que presentó el estudio de abogados que representa a Greenpeace fue dado a conocer ayer por el sitio digital de La Nación. Si bien la presentación se realizó la semana pasada, Giardini indicó que la mediación en donde se dieron los hechos tuvo lugar el 8 de marzo que pasó.
Ese día, Giardini junto a Prieto, y Natalia Machain se reunieron con Braun Peña y sus abogados en una mediación iniciada en el marco de la campaña que habían iniciado los ambientalistas cuando se reiniciaron los desmontes en Finca Cuchuy, en donde viven al menos 17 familias wichís, una situación reflejada por Nuevo Diario en varios informes.
Al ser el desmonte en zonas que no debían ser desmontadas, la campaña apuntó a la ilegalidad del paso de las topadoras por haberse hecho en zonas rojas y amarillas que son de conservación. Braun Peña fue apuntado por ser, además, primo segundo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, pero sobre todo, por ser director de las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri.
En ese marco, y ante lo que consideró daños y perjuicios, Braun Peña envió cartas documento a la entidad y en el camino de esa causa a la Justicia es que se dio un proceso de mediación.
Fue en esa mediación que Braun Peña les reclamó a los referentes ambientalistas que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
Que el Gobierno aclare
"Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador (siempre según el relato de Greenpeace), a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
