El 29 de abril de 2015 se aprobó la ley que reconoce el pago de estas obligaciones a los despedidos de YPF. Sin embargo, Nieva dijo a Nuevo Diario que se está pagando “en cuentagotas y hay gente que ya está muy grande”.
Recordó que de 22 mil liquidaciones realizadas, se habían pagado unas 700 nada más hasta hace unos seis meses. Informó que por esto se están realizando nuevas gestiones ante legisladores nacionales pidiendo que se agilice el pago, porque “esto es más que nada decisión política”.
En la primera quincena de este mes se hizo una asamblea de ex ypefianos en la sede de la CGT. Ahí se concluyó en que se harán nuevos trámites ante las autoridades nacionales, siempre con la premisa de lograr que se agilice el pago de las liquidaciones ya realizadas, sobre todo por la edad ya avanzada de la mayoría de los beneficiarios, trabajadores que fueron despedidos u obligados al retiro “voluntario” cuando se privatizó la estatal YPF, en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem.
Nieva relató que también piden que se le dé mayor agilidad a la gestión de desestimaciones de juicios, dado que antes de la sanción de la ley que reconoce los pagos muchos ex trabajadores habían iniciado demandas judiciales y para poder recibir el pago deben primero abandonar ese juicio, y “las desestimaciones duran un año”. Como ejemplo, Nieva contó que en su caso comenzó el proceso de desestimación de su juicio en octubre del año pasado y todavía sigue en trámite.
Otro problema se presenta con las viudas de ex trabajadores, que deben realizar gestiones extras para comprobar la existencia del vínculo matrimonial.
Todo esto demanda un tiempo que ralentiza aún más los pagos, dijo Nieva, quien destacó que si bien los erogaciones se hacen en bonos que generan intereses, este interés “no supera la inflación”, otra razón por la que les urge cobrar sus indemnizaciones, que se van depreciando.
El pago de la PPP se prometió en 1991 cuando YPF pasó a ser una Sociedad Anónima. Pero inmediatamente la nueva conducción de la compañía petrolera, al española Repsol, despidió en sólo dos años al 75% de los empleados.
El conflicto se suscitó por una resolución firmada por los ex ministros Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa, que dispuso que sólo podían cobrar la PPP quienes eran empleados de la compañía. De esta manera se excluyó a tres cuartas partes de los trabajadores que habían sido desvinculados. En 1995 el Gobierno pagó la PPP a un 10% que seguía en relación de dependencia.
