Organizaciones de derechos humanos solicitaron la “inmediata libertad de los once trabajadores del transporte de Salta”, acusados por secuestro coactivo agravado, tras la toma de la UTA el 11 de septiembre pasado.
En un comunicado, los referentes de las entidades sostuvieron que “la verdadera razón por la que se encuentran privados de su libertad miembros de la comisión directiva de UTA Salta y 6 delegados, radica en la lucha consecuente de esta corriente gremial contra los negociados en la explotación del transporte en Salta, la apropiación de los subsidios del Estado, y por exigir en asamblea la renuncia de su secretario general por traicionar a los afiliados”.
Entendieron que el Poder Judicial se hizo eco de los intereses del Ejecutivo, y aplicó el Código Penal contra los trabajadores que luchan y se organizan en contra de la burocracia sindical.
Concluyeron el comunicado indicando que rechazan “la criminalización de la protesta social por la que se pretende enjuiciar a estos destacados dirigentes y delegados de los choferes de Salta”.
