Esta manifestación fue pronunciada en el marco del Día de la Memoria, La Verdad y la Justicia.
Al recordar y destacar el compromiso y unión de próceres de la Lucha por la Independencia de la Patria Grande con sus grandes referentes, indicaron que “hoy más que nunca resulta fundamental profundizar en la revisión de la ‘historia oficial’ con el fin de aclarar, condenar y reparar los actos que, en el marco de la conformación del Estado Argentino, atentaron y atentan contra los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios”.
Indicaron que el avance de los territorios durante la segunda mitad del siglo XIX y las campañas de exterminio y dominación contra los pueblos originarios llevadas a cabo por el Ejército argentino “al mando de Roca y Victorica, fueron realizadas con la complicidad de la Iglesia, de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento, y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz”.
Recordaron que estos sectores “oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, saqueo, robo de bebés y de identidades; se beneficiaron con las políticas neoliberales de los '90, y hoy se reciclan en frentes y alianzas políticas, que asaltaron el poder engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos, que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha de nuestros pueblos”.
Se denunció el “constante hostigamiento de las fuerzas represivas del estado nacional y los estados provinciales quienes, en una clara connivencia con un sector de la Justicia, atacan nuestros territorios e intentan eliminar y desaparecer a nuestros hermanos”. Entre los casos ejemplificaron lo acontecido en el sur del país con la Lof Resistencia Mapuche de Cushamen y con la Comunidad Happo P+au del Pueblo Guaraní en Embarcación cuyos referentes fueron criminalizados por defender su territorio.
Denunciaron un “estado de indefensión e inseguridad jurídica”, dado que desde diciembre de 2015 se paralizaron políticas públicas en materia de territorio, reconocimiento y fortalecimiento jurídico, biodiversidad, comunicación con identidad, educación intercultural, agricultura familiar, salud intercultural, desarrollo con identidad, con el agravante del cierre de los espacios propios de gestión.
Rechazaron también “todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos”, cuando hablan de estos temas.
