Inmersos en angustia, los vecinos barrio ampliación Santa Ana o Santa Ana II reclamaron ayer el apoyo de los diputados para que la Procuración de la provincia investigue lo que consideran un fraude millonario contra 118 familias.
El caso que tomó notoriedad y que fue abordado por Nuevo Diario, se trataría de una operación en el marco de la quiebra de la empresa Conciel, que estaba a cargo de esos terrenos.
En ese contexto, un empresario adquirió los lotes que ya se encontraban ocupados (a espaldas por completo de toda información de las 118 familias que llevan 15 y hasta 20 años en esos lotes); y desde esa posición los "compradores" de la deuda de la quiebra, empezaron a instar a estas familias a que firmen boletos de compra-venta por un valor de 22.000 dólares cada lote.
Nuevo Diario dialogó con Claudia, una de las propietarias de estos terrenos, que señaló que "todas las expectativas están puestas en que los diputados nos ayuden y logremos que desde la procuración de la provincia, se investigue esta situación ilegal, que nos mantiene con el corazón en la boca".
Relató que estos terrenos que originalmente eran del Banco del Noroeste, Ex banco Caseros, fueron adquiridos por la empresa Conciel, que se declaró a posterior en quiebra. De esta manera según dijo la vecina, el empresario Miguel Rueda adquirió esta deuda, e inició a través de un estudio de abogados, el reclamo económico por estos terrenos "utilizando medidas extorsivas, y carentes de legitimidad, hasta en las notificaciones".
"Nosotros nos organizamos y decidimos darle pelea a esta situación, teniendo en cuenta que no se trata de la primera vez que pretenden engañarnos", manifestó y agregó que la semana pasada consultaron en la Dirección General de Inmuebles, y los terrenos reclamados por este empresario, todavía figuran a nombre de la empresa Conciel, "por lo que estamos más desconcertados que nunca".
Claudia agregó que además del acompañamiento del diputado provincial por el departamento Capital, Claudio Del Pla (PO), ayer fueron recibidos por el presidente de la cámara baja, Manuel Santiago Godoy, que les llevó tranquilidad: "nos dijo que nadie nos va a quitar nuestras casas y eso nos da alivio, y esperanzas de que nos van a acompañar a través de una investigación seria".
Concluyó que algunas de las familias que accedieron a firmar con el empresario Rueda, "hoy están sufriendo las consecuencias de pagar una deuda en dólares, que con la suba, se volvió impagable".
