Temen que sus territorios ancestrales les sean definitivamente arrebatados ante el avance de la producción agropecuaria.
El grupo se mantiene desde el 23 de febrero en una plaza ubicada en la intersección de la avenida 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, informó el cacique qom Gabriel Espinoza, uno de los voceros de la protesta que partió desde Salta y que representa a un sector de los pueblos originarios residentes a la orilla de la ruta nacional 86, cerca de Tartagal.
"Vinimos por el reclamo de las tierras, porque queremos que nos den una prórroga de la ley 26160, no vinimos por otra cosa, solamente queremos eso porque nos están desalojando a todos", sostuvo Espinoza ante Nuevo Diario.
Aseguró que en el grupo hay representantes "de las 7 etnias", wichí, toba (o qom), guaraní, pilagá, chorote, tapiete y chulupí del norte. El cacique explicó que se decidieron a viajar hasta Capital Federal porque "lo único que nos está quedando es Buenos Aires, porque allá en provincia no nos escuchan".
También criticó la falta de presupuesto para el Instituto de Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). "Ahora nos están apareciendo mucha gente con papeles diciendo que son los dueños de la tierra", sostuvo Espinoza en declaraciones a la agencia Télam, en las que puso como ejemplo el conflicto que mantiene la Comunidad guaraní Happo P+au con el empresario Huberto Bourlon (y por lo cual se mantiene otra protesta en la ruta nacional 34, a la altura de Embarcación, en Salta).
Espinoza sostuvo que mantendrán la protesta hasta ser escuchados por el Gobierno nacional, aunque reconoció que hasta el momento ningún funcionario se acercó a preguntarles por las razones de su protesta. Sí recibieron la visita del líder qom Félix Díaz, quien preside el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero "como que el Gobierno lo está dejando también a él", explicó Espinoza.
Ley de emergencia de la propiedad
Sancionada en 2006, la ley 26160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, suspendió los desalojos de pueblos originarios y dispuso un relevamiento catastral jurídico y antropológico de la ocupación ancestral comunitaria indígena, para lo cual se destinó un presupuesto de $60 millones.
Sin embargo, el relevamiento todavía no pudo completarse. Por eso en 2009 la 26160 fue prorrogada por la ley 26554, que destinó $10 millones más para el relevamiento. En 2013 se dictó una nueva prórroga, esta vez por la ley 26894, que extiende la prohibición de los desalojos y da plazo para terminar el relevamiento hasta noviembre de 2017.
