Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer advirtieron que se está frente a una situación de violencia institucional que podría generar demandas contra el Estado provincial.
La Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer UNSa, la organización MuMaLa (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) presentaron una nota ante el Procurador General Pablo López Viñals, “ante la evidente obstrucción del ejercicio profesional y la falta de garantías de justicia para la víctima de violencia de género, máxime cuando el presunto agresor es un juez de Cámara”.
Las organizaciones solicitaron al Procurador que intervenga en la causa penal que se le sigue a Diez por lesiones agravadas por la relación preexistente y por violencia de género; desobediencia judicial y amenaza con armas, que se tramita en el Juzgado de Garantía Nº 1, a cargo de la jueza con intervención de la fiscal de Violencia de Género Nº 4, Elisa Pérez. Esta causa está paralizada desde el 8 de septiembre.
Se pidieron más pruebas
El 24 de agosto la fiscal pidió que fuera elevada a juicio, pero la jueza entendió que faltaba reunir otras pruebas y el 8 de septiembre le notificó a la fiscal que “hasta tanto no produzca” esas pruebas, no considerará ni su pedido ni planteos de la defensa ni de la querella.
Desde entones “la doctora Elisa Pérez no produjo a la fecha las pruebas (…), motivo por el cual la causa no avanza”, sostuvieron las organizaciones, por lo que pidieron al procurador que intervenga para que la “contradicción entre jueza y fiscal sea solucionada, con el fin de que las dilaciones en el proceso sean salvadas y no se torne ilusorio el derecho de la víctima de ‘obtener respuesta oportuna y efectiva’”.
Asimismo, recordaron que el imputado es un juez del Poder Judicial de Salta, el mismo que ahora lo investiga, “con lo cual -enfatizaron- la imparcialidad de los que intervienen ha de ser garantizada con el fin de que no se violenten las reglas del debido proceso, del derecho de defensa en juicio”.
En ese sentido recordaron que desde sus inicios esta causa “ha mostrado ciertas irregularidades” demostrativas que la imparcialidad “se pondría al menos en dudas”. Entre las irregularidades enumeraron la demora que sufrieron las abogadas de la víctima (Gloria Díaz y Josefina Arancibia) una vez constituidas en querellantes para entrar en contacto con la causa, las sucesivas excusaciones de los magistrados.
