La resolución lleva el número 1062 y de ahora en más este protocolo será denominado por sus siglas, ILE (Interrupción Legal del Embarazo).
Con consentimiento y apertura a la posibilidad de la mujer de decidir acceder a la práctica legal contempla tres situaciones específicas: riesgo de vida, el riesgo o peligro para la salud en su concepto integral y que el embarazo haya sido producto de una violación.
En cuanto a las edades de quienes sean sometidas a la práctica se indica que "se deberá considerar, a los fines de respetar los principios generales para la atención de niñas, niños y adolescentes, que la salud es un Derecho Humano que corresponde a toda persona, cualquiera sea su edad, que se presume la capacidad de todas las personas independientemente de su edad, se define niñas/os a las personas hasta los 13 años y adolescentes a quienes tienen entre 13 y 18 años. En el caso de nenas de hasta 13 años se tendrá en cuenta el interés superior de la víctima.
Con este nuevo protocolo se dispone que sean principios rectores de la intervención la autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad, transparencia activa.
Estos principios son totalmente distintos a los que sostuvo el gobierno de la provincia hasta este año a través del decreto 1170/12, que permitía la judicialización y demora del aborto no punible. El debate por el aborto generó un cambio y la derogación de ese instrumento.
