"Siempre estamos rogando que no pase nada", dijo una de las trabajadoras a Nuevo Diario, al indicar que la falta de recursos humanos e insumos es la que los expone a los chicos estar en situación de mayor riesgo, y a los profesionales a ser los eventuales responsables en caso que suceda algo.
El caso Thiago, que se trató sobre la muerte de un niño (al parecer a golpes) de parte de una familia cuidadora, es el suceso que quedó como antecedente a los profesionales que entendieron que serían los responsables ante cualquier eventualidad. Y es que sus compañeros quedaron imputados en la causa luego de haberlos responsabilizado por la falta de informes detallados.
Las experiencias fueron volcadas en la asamblea que realizaron ayer los trabajadores para plantear diversos reclamos, entre los cuales se encuentra la necesaria refacción del edificio en donde funciona la dependencia en la que trabajan. Y es que desde el viernes pasado, cuando hubo un cortocircuito, ya son dos trabajadores que recibieron descargas eléctricas. El viernes uno, este miércoles el segundo.
"Sucedió eso porque nos obligaron a prender las computadoras. Ahora vamos a pedir que la orden se dé por escrito, sino denuncian a los trabajadores", dijo la delegada de ATE en la Secretaría, Nelly Sánchez, tras la asamblea que realizaron los trabajadores, de la que participó el subsecretario de Niñez y Familia, Carlos Flores.
Entre los reclamos, además de la falta de recursos y el retraso de los informes (al menos unos 500 según los trabajadores), se señaló la posible responsabilidad que les pueden imputar, dado que estos escritos se deben presentar en 72 horas y "no damos abasto".
Flores aseguró que ya se dispusieron cinco vehículos en la Secretaría además de aumentar la cantidad de profesionales actuantes, y que están viendo la resolución definitiva de la situación de la electricidad. Sin embargo, los trabajadores decidieron que continuarán con las asambleas.
Equipos limitados
Los trabajadores dijeron que, pese a la existencia de los vehículos, sólo pueden ir a ver a las familias una vez a la semana, en tres horas de la mañana, y cada equipo cuenta con dos asistentes sociales y un psicólogo. Deben actuar los tres profesionales con las familias de, por ejemplo, toda la zona este de la capital salteña.
El trabajo que deben realizar es para que los chicos no sean institucionalizados. Es por ello que, dijeron, deben actuar en la prevención "secundaria" atenuando el riesgo, es decir, haciendo un control constante sobre la familia, que en la práctica se convierte por la situación en altamente improbable.
