La iniciativa fue aprobada sin debate y obtuvo 59 votos afirmativos y una sola abstención, del peronista santafesino Omar Perotti, quien no fundamentó su postura.
El texto mantiene la estructura actual de feriados inamovibles y trasladables, pero como novedad autoriza al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables, que deben coincidir con los días lunes o viernes, cuando haya feriados inamovibles los jueves o martes, para crear fines de semana largos.
Dos ejemplos que reúnen esta condición para 2018 son el 1ro de mayo, Día del Trabajador, que cae martes, por lo que el lunes 30 de abril podría ser declarado feriado; y la celebración de Navidad que también cae martes, pudiendo instaurar un feriado el lunes 24.
Los demás feriados inamovibles del año próximo son Año Nuevo -lunes 1ro de enero-; Carnaval -lunes 12 y martes 13 de febrero-; el Día de la Memoria, sábado 24 de marzo; Jueves y Viernes Santo 29 y 30 de marzo; el Día del Veterano de Malvinas, lunes 2 de abril- y el aniversario de la Revolución de Mayo, viernes 25.
La lista se completa con el aniversario de la muerte de Miguel De Güemes, domingo 17 de junio; el Día de la Bandera, miércoles 20 de junio; el Día de la Independencia, lunes 9 de julio; la conmemoración de la muerte de José de San Martín, pasa al lunes 20 de agosto; el Día de la Diversidad Cultural pasa al lunes 15 de octubre; el Día de la Soberanía Nacional -pasa al lunes 29 de noviembre; y el Día de la Virgen, sábado 8 de diciembre.
El Gobierno tendrá que anunciar los feriados puente del año siguiente hasta cincuenta días antes de que termine el año en curso.
La intención, según los considerandos del proyecto, es incentivar el turismo y empujar así el desarrollo de las economías regionales.
En enero pasado, a través de un DNU, el presidente Macri había eliminado los "feriados puente" que se habían creado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para incentivar al sector turístico, al argumentar que generaban "dificultades" para el cumplimiento del ciclo lectivo y afectaban "la competitividad productiva".
Aprueban la Ley de Responsabilidad Empresaria
Los principales bloques políticos habían acordo darle sanción favorable al proyecto, ya aprobado en Diputados, pero la iniciativa regresará a la Cámara baja ya que se le hicieron numerosos cambios al expediente original, con la anuencia de la oposición y el oficialismo.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Fue por 65 votos a favor.
Entre esas modificaciones se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos (quedó fijada en seis años) y se acotaron las multas al daño producido. No obstante, se mantuvo la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción.
La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
