Según un informe de la ONG, que compara imágenes satelitales, la superficie desmontada entre enero y junio de 2017 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 45.470 hectáreas. El 42% de este total ocurrió en áreas donde estaba prohibido, alcanzando así un desmonte de 19.615 hectáreas dentro de las áreas que se consideran protegidas.
En el análisis se indicó que este semestre el podio es para Chaco, en donde se desmontaron 17 mil hectáreas, 10 mil de ellas de manera ilegal. En Santiago del Estero se desmontaron 13.707 hectáreas, 8.083 hectáreas eran bosques protegidos. En Formosa la deforestación avanzó sobre 7.754 hectáreas de bosques nativos, 136 hectáreas destruidas ilegalmente.
Datos oficiales confirman que desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (soja transgénica y ganadería intensiva) y los incendios.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año.
Nuevamente, frente a la violación de las leyes, es que desde Greenpeace se volvió a reclamar al Congreso de la Nación la urgente sanción de una Ley de Delitos Forestales, que establezca como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional (cambio de uso de suelo; constituya como delito penal el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas; permita que las organizaciones de la sociedad civil se constituyan como querellantes; y obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.
