A pesar de las trabas judiciales y políticas, abogados de distintos organismos y causas de derechos humanos alertan sobre la demora y los obstáculos en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Organismos de Derechos Humanos señalan a los jueces y al Gobierno.
Pasaron 12 años desde que las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, un paso fundamental en la historia argentina que permitió nada más y nada menos la reapertura sin trabas ni vericuetos de las investigaciones judiciales a genocidas por los crímenes que habían cometido 30 años atrás, durante la última dictadura cívico militar.
Desde entonces, solo 60 de las más de 500 causas que nacieron llegaron a la instancia final del proceso penal nacional: la sentencia firme. Cerca de la mitad de esas causas aún no han abandonado la etapa de instrucción.
Suponiendo que se eleven a juicio a lo largo de este año, el cálculo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad es abrumador: la finalización del proceso de justicia sobre el terrorismo de Estado de la última dictadura llegaría a mediados de 2024, año en el que se cumplirían 18 años de juicios, y cerca de 50 años desde los hechos investigados.
Es cada vez más urgente que los procesos abandonen el ritmo cansino y fluyan con más rapidez. “El paso del tiempo es impunidad”, definió la abogada Elízabeth Gómez Alcorta, representante de los obreros de la Ford que denunciaron a la cúpula de la automotriz por los secuestros y torturas que recibieron estando en cautiverio.
En la víspera de otro 24 de marzo, la Procuraduría a cargo de Jorge Auat actualizó el informe sobre causas de lesa humanidad que permite observar en una foto no solo cómo circulan por el Poder Judicial, sino también cuántos represores están presos y en qué situación.
En el flamante trabajo, la unidad especializada enfocó la atención en los “obstáculos procesales que conllevan enormes demoras en la tramitación de estas causas”. El informe concluyó que una causa demora 5 años y medio entre que es elevada a juicio y obtiene una sentencia firme.
En ese proceso, los expedientes descansan un año en los despachos supremos, casi dos en la Cámara Federal de Casación y otro tanto a la espera de que un tribunal oral federal se conforme para ponerla a debate. Las conclusiones fueron analizadas por este diario junto a tres abogadas y dos abogados especializados en estos expedientes.
