Por otro lado el abogado defensor de los tres acusados, Matías Duarte, pidió la suspensión del juicio por la violación de garantías constitucionales, como el derecho de defensa en juicio.
Según se informó a Nuevo Diario, en el Ministerio de Asuntos Indígenas se entiende que hubo irregularidades en la primera parte de este proceso judicial, en el que Martín Acosta (Comunidad El Chañaral), Dalmacio Acosta (San Felipe) y Demetrio Campos (Misión Rivadavia), resultaron procesados por usurpación y daños por hechos ocurridos en 2014, cuando se opusieron al alambrado del territorio ancestral que ahora disputan con el empresario Alejandro Gareca.
Las comunidades indígenas de Rivadavia Banda Sur denunciaron que nunca contaron con un defensor y que tampoco se tradujo el proceso a la lengua wichi, a pesar de que solo uno de ellos maneja el castellano con fluidez.
Sin defensa ni intérprete
El Gobierno informó que el ministro Luis Gómez Almaraz se comunicó con Campos. También Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, precisó que ayer el Ministerio hizo una presentación en la Justicia requiriendo información sobre este proceso, además los abogados de la cartera se pusieron a disposición del defensor de los tres acusados.
“La idea es que el juicio no se lleve a cabo así como está”, porque no tuvieron la oportunidad de contar con un defensor y no tuvieron un intérprete, algo “gravísimo” dentro de un proceso penal, indicó el funcionario, quien consideró “relevante” que en el proceso no haya participado un intérprete de la lengua wichi.
Desde el Ministerio se enfatizó también en que la nota en que las comunidades requirieron ayuda fue entregada formalmente recién el 7 de marzo. El juicio contra los tres líderes está convocado para el 20 de marzo, con lo que queda poco tiempo para tratar de evitar que se consume.
Un caso de gravedad procesal
En el Ministerio se indicó que recién se enteraron del caso con la nota, lo que también habla del grado de indefensión de los líderes, que comprendieron que estaban ante una situación de gravedad cuando recibieron las notificaciones de que iban a ser juzgados. Hasta ahora ni siquiera habían conocido al defensor oficial que el Ministerio Público de la Defensa les había asignado supuestamente.
Acciónes en Provincia y Nación
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente” de llamamiento a las autoridades provinciales y nacionales: “Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma: instando a que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, y en especial el derecho de defensa de Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos”, y “pidiendo que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad wichi Chañaral y se titule la propiedad colectiva sobre su territorio”.
La campaña sostiene que invita a enviar estos llamamientos al gobernador Juan Manuel Urtubey; al titular del Ministerio Público de Salta, Pablo López Viñals; a la fiscala penal de Pichanal, Mónica Viazzi; y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
