La secretaria de Energía, Flavia Royón confirmó en enero que desde marzo se aplicaría un incremento a las tarifas del servicio de gas domiciliario, advirtiendo que sería el único autorizado del año.
Sin embargo, la suba que confirmó Royón no es la cifra real, dado que la Secretaría de Energía define solamente el valor del costo del gas que pagan los usuarios. A eso hay que sumarle que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), autoriza los incrementos que corresponden al transporte y la distribución, que también se confirmaron por parte del organismo nacional.
El precio final de las tarifas de gas está compuesto por cuatro ítems: el precio del gas en sí (lo que cuesta producirlo e importarlo), el transporte de ese gas a los centros de consumo, la distribución del gas en los hogares y los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
El ENARGAS debe publicar en los próximos días una resolución donde dará a conocer los incrementos autorizados para las empresas que se encargan del transporte, como a los que realizan la distribución en los hogares, como es el caso de GASNOR en Salta.
Según consignó el medio La Nación, se espera las distribuidoras tengan un aumento en sus ingresos entre 60 y 90%, mientras que la suba para las transportistas será en torno al 80%, argumentado en un estudio de recuperación de costos ante la inflación y el congelamiento de precios del 2022.
Aumentos por categoría
Además el impacto del incremento que defina Royón impactará de manera distinta según la categoría de cada usuario tras la segmentación de tarifas.
El impacto en la tarifa final para todos los usuarios residenciales será de al menos 39%. Este número surge del acuerdo establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fija un tope de aumento para los distintos grupos de usuarios, según el coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Allí se dispuso que los aumentos de tarifas para los hogares de bajos ingresos (grupo 2) no pueden superar el 40% del CVS, que fue 90,4% (el incremento promedio anual de los salarios en 2022, según el Indec).
Para los usuarios de ingresos altos (grupo 1) no hay límite de aumento, mientras que para los de ingresos medios (grupo 3), el alza no puede superar el 80% del CVS; es decir, el 72%. Por lo tanto, para estos dos niveles de usuarios, el Gobierno además aplicará una nueva quita de subsidios, que implicará un incremento adicional en las tarifas el mes próximo, como fue anunciado en enero.
En la provincia, el 70% de los usuarios de GASNOR se encuentran incluídos en la categoría R1 (de ingresos medios) que tiene un tope anual de 551 metro cúbicos, y que también tienen topes mensuales siendo febrero el tope más bajo (33 m3) y el de julio el más alto (65 m3). Gasnor tiene en Salta más de 190 mil usuarios de gas por lo que aproximadamente 134 mil usuarios, se encuentran registrados en la categoría R1.
Las estimaciones de los medios nacionales para los usuarios de ingresos medios (N3), es que tendrán aumentos finales de al menos 50%, sumando todos los factores que componen la boleta, cuando se excedan del máximo de consumo establecido.
En la Puna existe una tarifa diferenciada por considerarse una "zona fría", por lo que tiene topes más altos que el resto de Salta. El subsidio en este caso cubre el doble que el resto de los usuarios y llega a los 1.073 m3 anuales. En base a la segmentación dispuesta es el mes con menos subsidios y llega al 65 m3 y en julio opera el tope más alto de 131 m3.
Para esta población solo el 53% del consumo promedio va a estar con subsidio (unos 1342 m3 anuales), por lo que al superar este límite deberán afrontar la tarifa plena por la diferencia, es decir incrementos que ronden el 50%.
En concreto, los usuarios de ingresos bajos tendrán aumentos finales de hasta 39% a partir de marzo, mientras que los residentes que no solicitaron los subsidios en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -los del nivel 1tendrán aumentos superiores al 50% desde marzo.
