El Presupuesto 2023 obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación y entre una de sus novedades, presenta la incorporación de todo el Poder Judicial -jueces, fiscales, empleados, étc- al régimen del impuesto a las ganancias, del que hasta el momento se encontraban excluidos.
En primera instancia la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales emitieron un comunicado en el que denunciaron, se trata de un “intento de cercenar la independencia”. En el comunicado, expresaron que la aplicación realizada en la discusión plenaria en la Cámara de Diputados "aparece como un desconocimiento del imperativo constitucional" contenido en el art. 110 de la Constitución Nacional, que versa sobre la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados.
Según explicaron, el contenido del artículo está dirigido "hacia los otros dos poderes del Estado que, sin instituir privilegio alguno, les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la compensación que reciben por sus tareas".
Durante el debate de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del último jueves, el diputado por Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casaretto (FDT), señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".
La reforma, según alegan desde la Junta de Presidentes de Cámaras, abarca también a empleados y jubilados pertenecientes al Poder Judicial.
"Entendemos ineludible expresar nuestra posición, siendo conocedores de la situación económica por la que atraviesa nuestro país, que de ninguna manera nos es indiferente, y la necesidad de implementar medidas de fondo y reformas institucionales para superarla y alejar los peligros que se ciernen sobre una Argentina afectada por las recurrentes crisis de esa naturaleza", añadieron.
Asimismo, marcaron que "el diálogo constructivo y de cooperación entre los distintos poderes del Estado, lejos de obstaculizar las transformaciones estimadas indispensables, permitiría zanjar definitivamente la temática en cuestión".
Por último, enfatizaron en que la medida sería un "nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial de la Nación" y que "solo trasluce incomprensión de las funciones y responsabilidades que nos caben a los magistrados y funcionarios de la justicia de la Nación".
El rechazo del gremio
El gremio de los trabajadores judiciales, que conduce Julio Piumato, anunció un paro y movilización en todo el país para el próximo martes para rechazar el artículo que el Frente de Todos incluyó en el Presupuesto 2023 para que todos los jueces y empleados de la Justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.
Según expresaron, se trata de un “ataque contra la Justicia” y una “cortina de humo para ocultar otros ajustes que se encuentran en el presupuesto, mientras que los que saquean a la Argentina siguen indemnes”.
"Esta no es la solución y es sorprendente que el peronismo vaya en contra de algunos trabajadores. Parece que acá se pretende igualar en lo que conviene. Muchos funcionarios pueden seguir ejerciendo la función de abogados cuando tienen un papel de diputados y nosotros no podemos ejercer la abogacía. El banco de Heller no paga Ganancias con el cuento de que es cooperativo", dijo Piumato en declaraciones públicas.
Otros rechazos
Distintas agrupaciones del sector, salieron a replicar la iniciativa que fue aprobada ayer en comisión en la Cámara de Diputados. Se declararon en estado de alerta y convocaron, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, a una reunión extraordinaria para tratar el tema.
También se sumó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial para expresar “su preocupación y rechazo a la incorporación de un artículo al dictamen del presupuesto vinculado con la tributación de Ganancias por parte de las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016″.
