Además en la misma causa ordenó unos 80 allanamientos a empresas de todo el país, informaron fuentes judiciales.
Campillo, es el primer acusado que no logra ser excarcelado por el juez de la causa de los cuadernos inmediatamente después de acogerse al régimen de testigos e imputados colaboradores.
El exfuncionario kirchnerista fue aceptado en la víspera como "arrepentido" en la causa cuando el juez Bonadio homologó el acuerdo que había alcanzado hacía tres semanas con los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.
Bonadio rechazó excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede "entorpecer la investigación", informaron fuentes judiciales que remarcaron que los fiscales se habían pronunciado a favor de la liberación del acusado que permanecerá -por ahora- en el penal de Ezeiza.
La decisión de Bonadio será apelada ante la Cámara Federal porteña por el abogado de Campillo, el defensor oficial Gustavo Kollmann, que encabeza también las defensas del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, ambos arrepentidos en el expediente.
Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
Allanamientos
En tanto, Bonadio dispuso la realización de decenas de procedimientos en busca de información administrativa de 80 empresas mencionadas en la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.
Los procedimientos ordenados por Bonadio fueron "órdenes de presentación", mediante las cuales efectivos de fuerzas federales de seguridad se presentaron en las empresas investigadas para solicitar la información requerida por el juzgado.
El objetivo de los procedimientos fue acceder a información vinculada, por ejemplo, con la composición societaria de las empresas señaladas en el tramo de la causa de los cuadernos vinculado con las concesiones de obra pública.
En noviembre, Bonadio le había pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le informara los nombres de las autoridades de 80 empresas que participaron de las licitaciones de obra pública entre los años 2003 y 2015.
Además, el juez le había solicitado a la IGJ que le informara si alguna de esas compañías integraron Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para participar de las licitaciones estatales.
