La jueza además estableció que Correo Argentino vale cero, que es pura deuda y deben computarse intereses, que el expediente al que calificó de “particularísimo y extraordinario” no se puede demorar más y que no se pueden compensar las deudas de los Macri con el Estado con los juicios que éstos hicieron contra el Estado.
La resolución de la jueza Marta Cirulli pone a Mauricio Macri y a su familia en un aprieto que nunca antes vivieron y que hasta ahora lograron sortear gracias a todo tipo de artilugios, triquiñuelas y favores judiciales. Si Correo quiebra, será SOCMA, su accionista controlante, la que tendrá que hacerse cargo de sus deudas. Y SOCMA es la familia Macri: en los papeles, Gianfranco Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri, Mariano Macri y Florencia Macri.
“La resolución judicial es inapelable”, dice la ley respecto a la decisión de la jueza Cirulli, aunque es de esperar que los Macri busquen trampear una vez más el asunto, como hicieron a lo largo de casi dos décadas.
El fallo de la jueza Cirulli no hace otra cosa que cumplir con el artículo 48 de la ley de Concursos y Quiebras, aunque los Macri dirán lo contrario y su prensa servicial les seguirá el juego. La ley marca que en caso de que no se llegue a un acuerdo entre el deudor, los Macri, y sus acreedores, se abre un proceso de cramdown o salvataje en el cual se habilita que un tercero se haga cargo de la situación. El cramdown se inició en diciembre de 2019, con 15 años de demora, ya que la cuestión estaba pendiente desde el 2004.
En agosto de 2020 se presentaron 5 interesados en quedarse con Correo Argentino: Organización Courier Argentina SA (OCASA), manejada por Héctor Colella, heredero de Alfredo Yabrán y de vínculo estrecho con Mercado Libre y Marcos Galperín; Transporte Chimiray SRL, del aliado PRO Ramón Puerta; MV Cargo SAS; Valuaciones SA y Jorge Alberto Anselmi.
