El escrito pide a la Justicia que se investigue qué personas o funcionarios pueden estar detrás de Labpax y el uso de la firma de un bioquímico que certificaba los testeos que no trabajaba para el laboratorio.
La presentación fue realizada por la agrupación Acción Conjunta Republicana y la denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos.
Además de Vizzotti, fueron denunciadas la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización de Fronteras, Claudia Madies; las monotributistas titulares de la empresa Labpax S.R.L., Paola Orellana Perillo y Laura Cáceres; y los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La presentación señala que los responsables a cargo de la política de testeos contrataron "una sociedad sin ningún tipo de antigüedad y trayectoria, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce su experiencia en bioquímica".
De acuerdo con el texto, "se obligó a los argentinos a realizarse y abonar un testeo en suelo nacional para proteger la salud pública y en su lugar se habría montado un negocio para recaudar pero sin idoneidad ni efectividad para detectar o detener la propagación de la pandemia".
"La gravedad de los hechos denunciados radica en que este ignoto laboratorio creado ad hoc, con un aparente fin lucrativo pero distante de ser idóneo en lo sanitario, resultaba ser la primera barrera de ingreso de pasajeros portadores del virus", concluye el escrito.
