“Estamos todos desconcertados, porque al mediodía les tomaban declaración indagatoria y los soltaban, el domingo ya habían soltado a 21 compañeros con la promesa de que levanten el acampe. O sea, los usaron de rehenes”, contó Martina Montoya, del Centro de Acción Popular Olga Aredes (CAPOMA), que integra el comunicador Oscar Delgado, uno de los detenidos.
Montoya dijo a Nuevo Diario que les hicieron saber a los detenidos, dos miembros de la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA), Delgado y el hijo de un obrero, que “se había roto el convenio de que las mujeres tenían que levantar el acampe (...), o sea que no es una cuestión judicial, sino una cuestión de apriete, de exigir que no se manifiesten”.
Montoya dijo que al parecer al gobierno jujeño le molestó una sentada que se hizo ayer frente al Juzgado en la localidad de San Pedro, para esperar la liberación de los detenidos.
Montoya sostuvo que con esto queda clara “la complicidad, la connivencia entre el Gobierno y el Poder Judicial” y recordó en tal sentido que el domingo último el intendente de La Esperanza, Ramón Carrizo, dijo por las redes sociales que iban a liberar a los otros 21 detenidos, por gestión suya y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Así que está claro que acá no hay justicia independiente”, afirmó Montoya.
En cuanto a Delgado, dijo que presentaron ante la Justicia las pruebas de que es un comunicador popular: “Y aún así el juez no ha dado lugar a nada. (...) Sin duda alguna esto es una adoctrinamento que está tratando de imponer Gerardo Morales a los comunicadores, a los obreros, a los sindicalistas”, sostuvo.
“Extremista de mierda, hijo de puta, le decían”, contó Julio, otro integrante de CAPOMA, sobre la detención del comunicador Oscar Delgado, que estaba filmando la represión cuando fue detenido por la policía jujeña.
Julio contó que Delgado incluso se identificó con los policías, que de todas maneras lo golpearon y detuvieron.
En el caso interviene el juez Osvaldo Samman, y actúa ahora el fiscal de Investigaciones José Alfredo Blanco, luego que la fiscala Silvia Farral se apartara, aduciendo violencia moral.
El miércoles pasado los trabajadores azucareros recurrieron a un corte de ruta para reclamar por la situación de 400 despedidos, por sueldos adeudados y el pago del aguinaldo. La respuesta del gobierno jujeño fue la represión policial
