La periodista Laura Méndez que está realizando la cobertura envió a Nuevo Diario detalles del operativo que ordenó el juez Jorge Rodolfo Sureta, junto a las fotos para este informe.
Un gran número de efectivos están golpeando a la gente y disparando balas de goma paa concretar el desalojo que según afirma Juana Mamani, presidenta de la comunidad, la orden viola la Ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros.
En el territorio que ahora son despojados por oden de los jueces Zurueta y Liliana Batriz Colqui, se construyeron tres viviendas que están habitadas por varias familias con niños de la comunidad.
Tienen huertas de hortalizas, chacra, alambrados y numerosos árboles frutales desde hace varias generaciones crecieron, a pesar de que la empresa litigantes desmontó más de dos hectáreas hace un año.
Ese desmonte destruyó monte nativo, árboles frutales y ornamentales implantados, plantas ornamentales alambrado y una construcción.
La supuesta beneficiaria de estas tierras es la Empresa Inmobiliaria Sucre, en los que figuran como abogados titulares Alfredo González y Simón Gronda, que defienden a familias del poder jujeño, entre los que se encuentra Javier Gronda funcionario del Gobierno Provincial de Jujuy.
