Anoche, además, debatían el proyecto de moratoria impositiva y previsional.
Los proyectos que modifican de forma temporaria la Ley 24.522 de concursos y quiebras, que determina la ampliación de los plazos procesales en el caso de los concursos acreedores y la suspensión de ejecuciones por 180 días, y que fueran presentados por diversos bloques, fueron debatidos por la mañana en la Comisión de Justicia de la Cámara baja.
Durante la reunión de labor parlamentaria que mantuvieron -previo a la sesión- el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque acordaron impulsar la iniciativa con la firma de todos los espacios -excepto la izquierda, que optó por la abstensión-.
La reforma de la ley de quiebras fue reclamada por diversas entidades empresarias para evitar que se sucedan decenas de quiebras cuando se normalice la actividad en la Justicia.
Al inicio del debate, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, destacó que se haya "podido avanzar a un acuerdo político en torno a un texto".
En tanto, su compañero de bancada, Carlos Selva, destacó que "el proyecto original tenía plazo de cobertura hasta el 31 de diciembre y con muy buen criterio, los miembros de la Comisión de Justicia interpretaron razonablemente llevar este plazo hasta el 31 de marzo" de 2021.
"Se ha ahondado y se ha ampliado y se han salvado situaciones que en el proyecto original podrían haber generado mayor litigiosidad y conflicto", subrayó Selva al destacar la unificación de proyectos del oficialismo y de la oposición.
A su turno, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, indicó: "Entendimos que este proyecto era el complemento de la ley de moratoria que vamos a tratar luego. El aislamiento obligatorio ha planteado una serie de desafíos que nos demanda respuestas para el aparato de producción. Miles de empresas están en riesgo y con ellas muchos empleos formales".
"El desafío que hoy tiene la política es extender esa mano para que los argentinos puedan defender su trabajo. En esta ley, tanto oficialistas como opositores hemos logrado llegar a un consenso común. Desde la política hemos encontrado la forma de colaborar con leyes para salir adelante", agregó.
Por su parte, la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, celebró el acuerdo de todos los bloques para: "Encauzar esta sesión en este marco donde cerca de 100.000 empresas corren riesgo. Todos entendimos que lo más importante era suspender por 180 días la posibilidad de que estas empresas entren en riesgo y pongan en riesgo las fuentes de trabajo".
"Hay un sector al que no tenemos que dejar solo y ese sector es el empresarial de nuestro país. No podemos darnos el lujo de no acompañarlo. Tenemos que sostenerlo para poder sostener la patria".
En tanto, el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, explicó que este proyecto busca congelar la situación de las quiebras e hizo hincapié en la inclusión de personas humanas.
