El Tribunal Oral 4 aceptó el pedido realizado por la defensa del ex vicepresidente. Le impuso el pago de una caución de 1 millón de pesos y el uso de una tobillera electrónica.
La excarcelación se impuso por el voto de los jueces Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.
La defensa de Boudou había planteado ayer que le concedieran al funcionario su excarcelación o mínimamente prisión domiciliaria con tobillera electrónica, luego de que Lijo procesara el viernes a otros imputados en la causa sin prisión preventiva, a diferencia de la resolución que tomó con el funcionario en diciembre de 2017.
Los abogados se ampararon en la resolución que tomó Lijo cuando decidió procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura sin enviarlos a prisión por considerar que no había posibilidades de entorpecer la investigación. Sobre este último punto basaron el recurso que hoy aprobaron las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliot. Votó en disidencia Néstor Costabel.
Los fundamentos para su libertad
Las juezas recordaron en su fallo que "en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad" durante un proceso penal.
"El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación", manifestaron en su voto en mayoría.
Y enviaron un fuerte mensaje: "A la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura."
"En definitiva, cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva", indica el texto de la resolución judicial.
El fallo no estaba firme
El mismo tribunal le había negado la excarcelación a Boudou en agosto, a la semana de haber dictado su condena. Boudou fue hallado culpable por el tribunal de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba firme.
Los magistrados acusaron a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía. El ex funcionario siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final.
Ante el tribunal, afirmó que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se "invirtió la carga de la prueba".
Procesan a Echegaray y Jorge Brito
El juez federal Ariel Lijo procesó al ex director de la AFIP Ricardo Echegaray, a la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura y al banquero Jorge Brito, por maniobras vinculadas a facilitar la adquisición de la ex imprenta Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión ligado al ex vicepresidente Amado Boudou.
La resolución se dictó sin prisión preventiva y alcanzó a siete acusados con embargos de 400 mil pesos para cada uno.
En el caso de Echegaray, quedó procesado como autor del delito de abuso de autoridad por “haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, en un lapso de dos días sin justificación”.
Echegaray no podía “variar de manera legítima sustancialmente el carácter de la conformidad prestada”, es decir, primero se negó a autorizar un plan de pagos para que Ciccone levantase la quiebra y luego lo autorizó.