Con estas premisas se generaría un ahorro por unos US$ 5.629 millones y un ahorro fiscal de US$ 1.172 millones hasta 2023. “Estamos convencidos que estamos invirtiendo en Argentina para que se desarrolle”, dijo el mandatario durante el acto llevado a cabo en el yacimiento de Loma Campana, situado en la localidad neuquina de Añelo.
Alberto Fernández destacó que el plan “significa más trabajo y garantiza el gas que la Argentina necesita para vivir y para producir”, y aseguró que con esta iniciativa espera que “YPF remonte su vuelo” a partir de una inversión de US$ 1.800 millones para los próximos tres años, que sumará a otras inversiones de empresas vinculadas a la producción en Vaca Muerta que también son parte de este plan de desarrollo.
Según el “Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino”, los objetivos generales del programa son viabilizar las inversiones en la producción de gas natural, satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus propios yacimientos, mantener los puestos de trabajo en la cadena de producción, promover el desarrollo agregado nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera, sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y el consumo de combustibles líquidos, generar certidumbre de largo plazo en los sectores de producción y distribución, coadyuvar con una balanza energética superavitaria y los objetivos fiscales del Gobierno y otorgar previsibilidad en el abastecimiento a la demanda prioritaria y usinas.
El Senado aprobó la suspensión de quiebras y concursos
El oficialismo en el Senado aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras, estableciendo que solo alcanzará a las empresas que llegaron a esa situación producto de la pandemia.
La iniciativa fue la única de la sesión de este jueves que terminó en una votación dividida: recibió 41 votos a favor (del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana) y 29 votos en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
El proyecto había sido aprobado en Diputados el pasado 31 de julio, pero en el Senado el oficialismo demoró su tratamiento para analizar los alcances de la norma, y establecer que el beneficio no abarque a empresas cuyas presentaciones de quiebra hayan sido anteriores a la pandemia.
Las modificaciones refieren, entonces, a ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 (el texto original estipulaba el 31 de marzo); aclarar que serán beneficiarios quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.
