El mandatario aseguró que primero revisarán las “ganancias exorbitantes” que tuvieron las compañías de distribución de electricidad y de gas y “después” analizarán si los argentinos tienen que pagar más.
“Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente no aumentando las tarifas de la gente”, declaró en diálogo con AM 750.
Negociaciones salariales
En el inicio de las negociaciones paritarias y en medio de las negociaciones con los acreedores por la deuda, el jefe de Estado les pidió paciencia a los gremios. Si bien admitió que la recomposición salarial es una de la prioridades de su administración, planteó que la economía se encuentra en una situación de fragilidad.
“Tenemos que ir recomponiendo el salario real pero dentro de la fragilidad que tiene la economía. Es uno de los objetivos prioritarios, como lo era mejorar las jubilaciones de quienes estaban postergados. Vamos a mejor los salarios pero con mucha prudencia. Les pido un poco de paciencia a los gremios. Han tenido una paciencia inconmensurable en cuatro años, pero me parece que ahora sí hay que tener paciencia”, declaró.
Lo que hacía dicho Santiago Cafiero
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había confirmado ayer que a metad de año habrá un aumento de tarifas “para los sectores que lo pueden soportar”.
Se mantendrá la tarifa social y “la lógica de prioridades que los argentinos y las argentinas votaron en octubre. Esa “lógica” a la que aludió Cafiero fue el principal argumento expuesto por Alberto Fernández para promover un aumento en las jubilaciones que benefició a quienes tienen los ingresos más bajos.
La ley de Emergencia Económica votada por el Congreso en el inicio del gobierno del Frente de Todos impuso un congelamiento de los precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio. Hasta hoy era una incógnita qué camino adoptaría el Poder Ejecutivo. Cafiero confirmó que están trabajando en un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en julio.
Durante la campaña electoral, el presidente Fernández había prometido “pesificar” los principales componentes de las tarifas. “No puede ser que haya un sector de la economía dolarizado mientras todos nosotros vivimos en pesos, cobramos en pesos, producimos en pesos y viene la luz y te la cobran en dólares”, argumentó.
Los servicios públicos estuvieron en la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional durante la misión que culminó ayer. En esos encuentros, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó que no habrá un congelamiento permanente.
En el Gobierno señalan que aprendieron de los errores del pasado y que no quieren mantener un congelamiento indefinido de los servicios públicos, ya que eso repercute en las inversiones, baja la producción de gas y se degrada el servicio eléctrico.
La historia concluye con un alza en el gasto en subsidios y un rojo en las cuentas públicas por las importaciones de hidrocarburos y el incremento de los costos. En cambio, una señal de precios a las empresas no solo haría crecer la producción, sino que también se convertiría en una nueva fuente de ingreso de divisas, necesarias en un país al que le cuesta hacer crecer las exportaciones.
El costo, no menor, es tener que anunciar un aumento de tarifas. Por eso, en la Casa Rosada ya anticiparon que el objetivo es fortalecer la tarifa social. "Probablemente habrá aumentos de tarifas en junio, pero será en los sectores que los puedan soportar", dijo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Las empresas energéticas comparten esta visión. Señalan que solo el 17% de los usuarios reciben tarifa social y que hay margen para hacer crecer la base. "Estamos de acuerdo en darle subsidio al que no puede pagar, pero tenemos que cobrarle al que sí lo puede hacer", señalaron en una distribuidora de gas.
En la Subsecretaría de Hidrocarburos ya comenzaron a reunirse con todos los actores y a conformar los equipos de trabajo junto con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Cada segmento del sector buscará defender sus propios intereses. Las distribuidoras y las transportistas señalan que, mientras las tarifas están congeladas desde abril, sus costos, que están en pesos, aumentan al ritmo de la inflación. En los próximos días se espera que salga un decreto que reglamente lo dispuesto por la ley de solidaridad y se establezca la nueva metodología de actualización, que se llamará revisión tarifaria extraordinaria.
En el caso de las productoras, el precio de gas está pactado en dólares, a US$4,5 por millón de BTU (unidad de medida inglesa que se utiliza en el sector), pero a un tipo de cambio de $41. Nunca se actualizó esta variable y el valor final, con la nueva cotización del dólar, bajó a casi US$3. Este contrato, surgido de las subastas de febrero de 2019, vence el 31 de marzo.
