ACORDARON POSPONER EL DEBATE

El proyecto "antibarras" se tratará el 18 de diciembre en Diputados

La Cámara de Diputados postergó hasta el martes 18 el debate del proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol. En esta misma sesión aprobaron también la nueva reforma al Código Procesal Penal.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva reforma del Código Procesal Penal con 134 votos a favor y 55 en contra.

A pesar que Cambiemos había logrado obtener dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y Deportes, tras arrimar posiciones con la oposición, aceptó posponer su tratamiento en recinto para llegar a un mayor consenso en la redacción final del texto.

El proyecto también sanciona a los dirigentes que den entradas en forma gratuita, y establece que el derecho de admisión a los estadios lo realizará el Ministerio de Seguridad en lugar de los clubes, como sucedía hasta ahora.

Pese a que se incorporaron aspectos vinculados a la prevención que estaban presentes en un proyecto de Daniel Scioli, el kirchnerismo había anticipado que presentaría un despacho en minoría, al considerar que no es conveniente votar un tema "tan complejo" de inmediato, con tantas disidencias parciales sin resolver.

Aprobaron la nueva reforma del Código Procesal Penal

En tanto, la Cámara baja ya votó y convirtió en ley -por 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones- una reforma del Código Procesal Penal Federal que actualiza esa normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia.

Al defender el texto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) recordó que el presidente Mauricio Macri suspendió su aplicación en 2016 porque "no estaban dadas las condiciones" para llevarlo adelante.

Al anticipar su respaldo, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó que se trata de "un avance en el sistema procesal penal argentino" porque la sociedad "demanda que la justicia dé una respuesta rápida y efectiva".

Explicó que "en esta ley hay una gran parte de contenido que no tiene que ver con la creación de grandes figuras sino con un proceso de adecuación de normas; con finalizar una tarea de ensamble y compaginación".

La reforma comenzará a implementarse en las  provincias de Salta,  Jujuy y Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut y después será aplicado en las provincias del centro del país.

El nuevo Código Procesal Penal establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio -más rápido y totalmente oral- en el que los fiscales tendrán más protagonismo.

Germán Garavano celebró la aprobación

El ministro de Justicia, Germán Garavano, celebró la aprobación del nuevo Código Procesal Penal: “El Código Procesal Penal Federal es ley. Festejamos la aprobación que se dio gracias al trabajo de todas las fuerzas políticas. Avanzamos hacia un sistema adversarial, que permitirá una justicia más rápida y trasparente”, afirmó Garavano en su cuenta de Twitter.

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia sintetizó que las reformas aprobadas por el Congreso “modernizan los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado”.

El nuevo Código –remarcó el ministerio– incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años. 

El Ministerio de Justicia prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

Garavano en tanto dijo también que este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.

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