La petición de representantes de los organismos de Derechos Humanos al presidente Alberto Fernández para imitar una ley francesa que pena el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad generó adhesiones y tuvo fuerte debate en las redes sociales.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien reveló que esa organización le presentará un proyecto al gobierno, y advirtió, además, que se trata de un tema a "resolver cuanto antes".
"Abuelas ya presentó en su momento un proyecto contra el negacionismo", recordó, y completó: "Vamos a presentarlo para que lo tengan en cuenta, se ahorren tiempo o compartamos el texto". En este marco, la dirigente de derechos humanos indicó que la asociación tiene pensado acercarle la propuesta "la semana que viene" a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien les dijo que "amablemente" las recibiría cuando ellas lo requirieran.
La propuesta fue escuchada
La idea de implementar una ley contra el negacionismo fue abrazada de forma inicial por el presidente esta semana, quien escuchó la propuesta al comienzo de su gira por Europa, más precisamente en Francia, donde recibió en el Hotel Regina a una veintena de argentinos que integran organismos: la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), el Colectivo para la Memoria, H.I.J.O.S París y France Amérique Latine y Association des Amis est parents de françois disparus en Argentine.
En ese encuentro, los presentes le entregaron a Fernández la propuesta de replicar las normas francesas que penalizan el negacionismo del Holocausto, pero con la dictadura cívico militar argentina. “Dijo que lo iba a estudiar. Nos comprometimos a entregarle un detalle pormenorizado de la ley antinegacionista que rige aquí en Francia. Acá no se puede decir a viva voz, en público, nada que implique la negación de crímenes contra la humanidad. Si andás por la calle con una esvástica, te penan”, explicó María Laura Stirnemann, de H.I.J.O.S. París.
En las redes, el tema volvió a desatar este jueves el debate sobre el número de desaparecidos. En declaraciones a Radio El Destape,Carlotto planteó que "cuando se niegan los 30 mil desaparecidos" de la última dictadura y "niegan que los nietos (recuperados) sean verdaderos, se entorpece la relación con el pueblo".
En este contexto, afirmó que "negar una realidad significa borrar la historia y querer cambiarla, y la historia es una sola, y la tienen que contar los que la vivieron y tienen buena intención de que se diga la verdad". "No puede ser que piensen que las Abuelas somos inventoras de nietos que no son propios, o que hablamos de una cifra sin criterio alguno. Ese aspecto es el más doloroso para nosotros", subrayó. Por eso, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que es "muy importante resolver el negacionismo cuanto antes".
El compromiso de Fernández en París
El presidente se reunió ayer en París, y en el marco de su gira por Europa,con organizaciones de derechos humanos, "El Presidente se comprometió a elaborar una ley similar a la que existe en Francia contra el negacionismo", dijo a Télam Sophie Thonon, abogada de las víctimas francesas de la última dictadura militar y quien representó al Estado en el proceso de extradición del ex policía Mario Sandoval, acusado de crímenes de lesa humanidad en centenares de casos.
El reclamo fue planteado por los organismos de derechos humanos en la reunión que mantuvieron con el mandatario, en el marco de su gira por Europa que culminó en la jornada de ayer.
La Ley francesa, que se creó para que no haya posibilidades de negar el Holocausto en medio de una fuerte corriente negacionista en el país que ponía en cuestión su existencia, también incluye condenas ante manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.
"La idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El Presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe", explicó Thonon.
Otro de los asuntos que plantearon los representantes de organizaciones de derechos humanos en la reunión con Fernández fue la necesidad de evitar que los genocidas que están presos puedan obtener los beneficios de los condenados por otros delitos.
"El pedido se fundamenta en el hecho de que Argentina firmó el Tratado de Roma", dijo Thonon, refiriéndose al acuerdo internacional por el que se creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, que establece la obligación del cumplimiento efectivo-completo de la condena".