La Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral firmaron un acuerdo por el que los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) serán la cabecera de la transmisión en vivo de los debates entre los candidatos a presidenciales.
En la firma participaron, por RTA, la presidenta Rosario Lufrano, su vicepresidente Osvaldo Santoro, y el director ejecutivo de Televisión Pública Claudio Martínez; por la Cámara, lo suscribieron su presidente Alberto Dalla Vía, su vicepresidente Hernán Corcuera, el juez de Cámara Daniel Bejas, los secretarios de Actuación Judicial, Hernan Goncalves Figueiredo, y de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, la secretaria de Cámara Contratada, Elena Gómez, y la prosecretaria de Cámara Temporaria, Nora Rascioni.
Por el Ministerio, en tanto, firmaron la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, y el director Nacional Electoral, Marcos Schiavi.
Luego de la firma, el director de Televisión Pública, Claudio Martínez, sostuvo: "Para la Televisión Pública es un orgullo y un privilegio haber sido elegida para esta transmisión en la que seguramente van a participar todos los canales, como ya ha ocurrido particularmente en 2019, cuando se puso a prueba este sistema en el que Televisión Pública fue cabecera, pero todos los canales de aire y las señales de noticias tomaron la señal”.
Martínez recordó que el "convenio deviene de la Ley de Debate Presidencial –promulgada en 2017– a la que estamos dando cumplimiento" y agregó que "establece el mecanismo por el cual el Ministerio del Interior aporta el presupuesto, la Cámara Nacional Electoral es la encargada de organizar el debate y RTA a través de la Televisión Pública organiza la producción televisiva”.
Por su parte, Dalla Vía argumentó en favor del debate ya que -en su criterio- aporta “a los ciudadanos que quieren escuchar y tener el voto informado y continuó: "El debate televisivo además permite que los candidatos discutan entre ellos. Antes esto no existía en la Argentina".
La Ley 27.337 establece que deben hacerse dos encuentros, uno en una capital provincial –que este año será el 1° de octubre en Santiago del Estero–, y el otro en Buenos Aires –el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA–. En ambos, los candidatos están obligados a participar y tienen penalidades en caso de no hacerlo, como quitar al partido y al candidato la posibilidad de hacer publicidad de modo gratuito en los espacios que cede el Estado a los partidos.
