Además, la organización de derechos humanos llamó a la cartera a "responder" y "rendir cuentas" respecto a "la razonabilidad de las decisiones de la administración pública en general y, en particular, sobre las vinculadas a acceso y disfrute de los derechos humanos", detallaron en un comunicado difundido en la víspera.
"La limitación del lenguaje inclusivo entra en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en el comunicado.
"Por eso como sociedad nos interesa conocer los fundamentos para la toma de esta decisión que pone en jaque derechos humanos", agregó.
En junio, Amnistía Internacional había realizado un pedido de información pública que, según detallaron, no fue respondido en el plazo previsto por la ley 104 de la CABA y, vencida la prórroga solicitada por la Ciudad, la organización elevó un reclamo ante el Órgano Garante del acceso a la información ya que "el silencio de la administración pública es interpretado como una denegatoria injustificada a brindar información", explicaron.
Persecución contra la vicepresidenta
Dirigentes y espacios políticos que integran el Frente de Todos (FdT) volvieron a denunciar la existencia de "una persecución política y judicial" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto del juicio de la causa que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la ex mandataria junto a otras 12 personas. El miércoles, en el segundo día de alegatos del Ministerio Público, referentes y funcionarios del oficialismo se solidarizaron con la titular del Senado, luego de que el fiscal federal Diego Luciani adelantara que acusará por "asociación ilícita" a los imputados. El jefe de la bancada de diputados del FdT, Germán Martínez, aseveró que "hay una persecución política judicial contra Cristina Kirchner", y alertó: "Nosotros no estamos dispuestos a la persecución política", afirmó Martínez en declaraciones a AM 750. La Cámpora publicó un corto video de 33 segundos con imágenes de la masiva marcha de la jornada de abril de 2016, cuando por primera vez, Cristina Kirchner concurrió a los tribunales de Comodoro Py a declarar por otras causas.
El senador nacional Oscar Parrilli insistió en que "el 'lawfare' no es solo la intención de perseguir y eliminar de la escena política a dirigentes políticos opositores, sino que también tiene el objetivo de llevar adelante políticas en contra de las mayorías populares, como en su momento los golpes militares fueron el instrumento para sacarse de adelante dirigentes políticos que se oponían".
