El secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó ayer que no habrá marcha atrás ni en el aumento del gas ni en la aplicación de un ajuste retroactivo para compensar a las distribuidoras por la suba del dólar en la primera mitad del año.
Iguacel habló con la prensa en el Palacio de Hacienda en medio del aluvión de presentaciones judiciales de todo el país, de entidades de defensa del consumidor e intendentes en contra de la aplicación de esas compensaciones sobre facturas ya abonadas.
Las empresas reclaman por la diferencia del tipo de cambio. Tras confirmarse el decreto que carga en los castigados bolsillos de los usuarios unos 10 mil millones de pesos en compensaciones hubo distintas presentaciones de organizaciones de consumidores.
El objetivo es frenar la aplicación de la resolución mediante la cual la Secretaría de Energía de Nación dispuso que las distribuidoras de gas pueden cobrarles a los usuarios un importe extra en 24 cuotas mensuales, para compensar la suba del dólar y la devaluación. El cobro extra que pretenden concretar las distribuidoras de gas implica un interés anual del 70 por ciento.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó ayer lunes un proyecto de ley para derogar la escandalosa resolución del Gobierno que prevé que los usuarios de gas paguen un aumento extra para compensar a las distribuidoras por la devaluación.
“Ya presentamos el proyecto para derogar la Resolución que convertía a los usuarios de gas en subsidiarios de las empresas del tarifazo”, anunció el presidente del bloque, Agustín Rossi, e informó: “Iguacel deberá dar explicaciones ante el Congreso; basta de saqueo y de una economía donde sólo unos pocos de arriba ganan y la mayoría pierde”.
Consideran que es inconstitucional
En Jujuy, la abogada Claudia González, de Proconsumer, adelantó que junto al Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) presentarán un amparo en la justicia federal contra Gasnor para que se suspenda la aplicación de la resolución, que es considerada inconstitucional y contraria a la ley de Defensa del Consumidor.
La asociación Consumidores Libres calificó a la resolución de la Secretaría de Energía de “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”.
El representante legal de esa entidad, Héctor Polino, consideró que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso”, y agregó: “En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati, afirmó que “la situación es desesperante para todos los ciudadanos” y adelantó que las organizaciones que forman parte de la Comisión de Usuarios de Enargas presentarán una iniciativa ante la Justicia para “defender al consumidor”, pidiendo la nulidad de la medida.
Asimismo, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, criticó la disposición del Gobierno para que los usuarios paguen un monto adicional en la factura de gas por la devaluación al argumentar que los ciudadanos no son “responsables” de la suba del dólar. Cuestionó que “la suma total de la diferencia” en los precios del dólar “produce una masa de deuda” que es transferida a los usuarios.
“No se hacen cargo las productoras, tampoco las distribuidoras”, fustigó al señalar que será abonada por los ciudadanos “en paralelo a la tarifa del mes”, en referencia a que en enero de 2019 los usuarios empezarían a pagar esa supuesta deuda acumulada, mientras al mismo tiempo tendrán que abonar los consumos con aumento.
