Rocca había quedado al borde de la imputación el 4 de septiembre, día en que Bonadio adelantó que investigaría a las "empresas beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación.
En La lista figuraba Techint, además de la constructora lecsa, que hasta 2007 manejó el Grupo Macri, y luego pasó a manos de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
En su momento, Rocca había negado ante el juez haber pagado coimas en la obra pública y trasladó la responsabilidad al CEO de su firma, Luis Betnaza, quien había declarado como imputado colaborador y ya está procesado por ocho pagos ilegales.
Rocca habló entonces de la supuesta “autonomía” del CEO de la firma y dijo desconocer si se habían pagado coimas a la administración anterior para que intercediera ante Venezuela tras la nacionalización de Sidor, firma de su holding.
El juez procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4000 millones de pesos.
En agosto pasado, en medio del gran despliegue mediático judicial de la causa de los cuadernos, en una reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Rocca aseguró que no había participado del llamado “club de la obra pública” aunque sabía que “las cosas no estaban bien, pero no fuimos cómplices ni partícipes”.
En la misma ocasión, reconoció también que “Betnaza accedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces de un apoyo”. Pocos días después viajó a Vaca Muerta con Macri, con quien recorrió la planta de procesamiento de gas de Tecprol, del grupo Techint.