Se trata del primer procesamiento por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública”, dictado en la justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo del pago de sobornos en distintos países por parte de la constructora brasileña.
Los contratos para ampliar los gasoductos, remarcó el magistrado, "debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa)" pero "en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas" de los entonces funcionarios ahora procesados, según el fallo de 308 carillas al que accedió Télam.
La resolución del magistrado también recayó sobre el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, y los exsubsecretarios Bautista Marcheschi y Cristian Folgar.
El caso, conocido como “Skanska II”, no se enfocó en el pago de coimas, sino en una serie de intercambios con la empresa brasileña para asegurar su participación en las ampliaciones de los gasoductos norte y sur, un proyecto de 2.300 millones de dólares.
Según Rafecas, el exministro de Planificación Federal diseñó “un esquema delegativo que facilitó la ulterior contratación de Odebrecht”, la firma involucrada en la megacausa de corrupción brasileña conocida como “Lava Jato”.
Según la resolución, “Cameron, Folgar y Marcheschi, ex funcionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto con la participación necesaria de De Vido, desde su rol de Ministro de Planificación Federal, realizaron una serie de actos tendientes a favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN -obras 2006/2008-”.
Esos contratos debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial”.
Además, el juez señaló que “De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a una “licitación privada” que en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se hiciera hasta ese momento, se realizó a través de la empresa de firma mixta “Cammesa”, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht”.
