La reciente reunión del presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, con el presidente Alberto Fernández aflojó la tensión que provocó la imprevista cancelación del aumento del 7% en las cuotas de las prepagas a partir de febrero, pero el sector insiste con su advertencia de que si el mes próximo no hay incrementos o ayuda a las empresas prestadoras para pagar los sueldos, muchas no podrán hacerlo.
“La situación es crítica”, aseguran, mientras los abogados avanzan en la definición de la mejor estrategia para actuar en la Justicia.
A partir del nuevo puente de diálogo que se generó tras la marcha atrás del ajuste, el Gobierno y las empresas resolvieron convocar a una mesa técnica para proponer soluciones alternativas.
Pero no hay demasiadas opciones para despejar el horizonte en el corto plazo: un aumento en las cuotas o un subsidio estatal, como sucedió hasta ahora con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Esta ayuda terminó en diciembre, así como también la rebaja del 95% de las contribuciones patronales, ambas medidas tomadas en plena emergencia por el Covid-19, y la decisión oficial es cortar con esa erogación.
“Ahora tenemos los REPRO”, respondieron cerca del Presidente ante la consulta del diario Infobae sobre cuál podría ser una solución para el sector. Varias empresas ya se presentaron durante diciembre y ahora resta esperar la definición de la cartera laboral, pero en el Gobierno dejaron trascender que podría ser una salida frente a la actual coyuntura.
Este programa consiste en el pago de $ 9.000 por trabajador durante dos meses y se otorga a las compañías que pueden justificar un balance crítico. Fuentes del sector sostuvieron que podría ser una alternativa, ya que la suba de la cuota se destinaría a aumentarles a los prestadores.
Las empresas igualmente preparan su ofensiva judicial. Según diversas fuentes del sector, los abogados están analizando cuál sería el mejor instrumento, pero lo más probable es que sea un amparo junto con una medida cautelar.
Lo que cuestionan en la industria es que en la resolución que suspende el ajuste del 7%, que salió cuatro horas más tarde que la que lo autorizaba, mantiene los considerandos de la primera y no ofrece ninguna justificación a la cancelación.
Además, remite a la “expresa orden del Presidente”, cuando la autoridad de aplicación en estos casos, según la Ley de Medicina Prepaga, es el Ministerio de Salud, argumentan las fuentes consultadas.
La industria asegura que el desfasaje hoy por el aumento de costos supera el 50% y se explica, según afirman, por los “altos costos en dólares que tiene la salud”, entre lo que se incluye la aparatología, sus repuestos, muchos medicamentos, los reactivos para los laboratorios, entre otros.
Además, impacta fuertemente la innovación, ya que todo lo nuevo que aparece llega con un precio mayor. “La preocupación que tenemos es mantener la cadena. Necesitamos mejorar la facturación de los sanatorios. Si no, se corrige por calidad”, dijo el directivo de una de las empresas del rubro, al agregar que “durante la pandemia no se entró en rojo por la ayuda del Estado y porque bajó el consumo”.
El 70% de los argentinos se atiende en el sistema privado de salud (incluye prepagas, hospitales, sanatorios, clínicas, geriátricos, obras sociales provinciales y sindicales, IOMA y el PAMI). Son 33 millones de personas, de las cuales apenas 6 millones son cubiertas por las prepagas; y de este número sólo 1,5 millón son particulares. El resto lo hace por derivación de aportes.
