Con los votos de los jueces Maximiliano Troyano y Roberto Lezcano, la sentencia se dictó por aplicación del beneficio de la duda. Aunque se dejó de lado el delito más grave, los magistrados sí hallaron a los policías culpables del delito de vejaciones calificadas, imputación por la cual dictaron una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por el término de seis años para ejercer cargos públicos.
En soledad, la jueza Norma Vera se expresó en disidencia y propuso que los cuatro policías sean condenados a una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial por el término de ocho años para ejercer cargos públicos por considerarlos coautores del delito de homicidio culposo. En otro tramo del veredicto, y por decisión de la mayoría, el policía Moya, suboficial ayudante, fue absuelto por el beneficio de la duda de los delitos de falsedad ideológica y encubrimiento agravado. Lo mismo sucedió con Ángel Ismael Lozano, a quien absolvieron en forma lisa y llana de los delitos de falso testimonio y encubrimiento.
El fallo causó sorpresa y desató algunos incidentes fuera de la ciudad judicial, ya que se había generado, desde ciertos sectores de Derechos Humanos, expectativas favorables a una condena, incluso el tribunal había aceptado, en calidad de observadores, a María Natalia Bauman, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y a los comisionados del Comité Provincial de Prevención para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, Rodrigo Solá y Andrés Giordamachi.
Pese a ello, y a la presencia de sectores barriales, el fallo dio de bruces a la fiscalía, representada por el fiscal Leandro Flores y a la querella, a cargo de los abogados Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, quienes había pedido penas de 6 y 12 años respectivamente para los cuatro policías acusados.
Durante el debate, la fiscalía presentó la acusación en contra de los policías por la muerte de Gallardo en un hecho ocurrido el 26 de agosto de 2019, luego de ser detenido por la sustracción de un teléfono celular y una mochila en el barrio de Finca Independencia, en la zona este de la ciudad.
Los cuatro juzgados, con Llaves, como jefe de grupo, fueron los que acudieron al lugar, circunstancias en que procedieron a la detención y traslado de Gallardo en calidad de sospechoso, instancia en que se produjo un incidente dado que el joven ofreció una tenaz resistencia.
Reducido e introducido a un móvil policial, Gallardo profirió alaridos de dolor, tras lo cual sufrió una descompensación y murió, lo que generó una investigación penal que llevó a los policías a juicio, siendo absueltos debido a la carencia probatoria presentada por la fiscalía, según el criterio de los jueces Troyano y Lezcano.
“Ellos cumplieron su deber, no pueden ir presos por eso”
Los abogados Marcelo Arancibia e hijo, quienes asistieron legalmente a los policías Ricardo Llaves y Emilio Moya, se mostraron conforme con la absolución resuelta por mayoría, ya que "la fiscalía, pese al esfuerzo realizado, no pudo acreditar de manera fehaciente la responsabilidad de nuestros clientes".
Sobre los puntos que volcaron la decisión favorable a sus defendidos, los letrados resaltaron el informe médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. "La perito del CIF fue clara al señalar que la muerte de Gallardo se produjo por un paro cardiorespiratorio, el que se potenció por el consumo de sustancias prohibidas y alcohol", sostuvo el defensor.
Marcelo Arancibia
Resaltó, a su vez, que esta prueba de carácter directa no ayudó a la fiscalía, la que trató de centrar el caso en base a dichos indirectos. En cuanto a la presión externa, desde sectores barriales y de Derechos Humanos, Arancibia parafraseó el dicho de que "cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana".
Deber
Respecto a sus defendidos, señaló que Llaves, quien estaba al frente del grupo que intervino en el hecho, actuó dentro de los parámetros establecido por la ley, la cual el policía debe hacer cumplir, ya que se trata de su deber y es en beneficio de la sociedad.
"Ellos cumplieron con su deber, no pueden ser condenados por eso. Y mucho menos a una pena efectiva como la fiscalía y la querella pretendían. Durante los alegatos, esta defensa dejó en claro todos estos puntos, los cuales, por el fallo dictado, no pasaron desapercibidos para el tribunal", resaltó.
En cuanto a la condena de tres años impuesta, los abogados adelantaron que, en principio, la postura es apelar tal decisión, aunque esperan primero conocer los fundamentos dadas las disidencias que existieron entre los tres integrantes del tribunal.
