ANDRÉS RAMBERT RÍOS

Acusan al abogado querellante por el tema aborto por un caso pendiente de abuso sexual

Se trata del abogado Andrés Rambert Ríos, quien representa a la familia de la joven que el 24 de agosto pasado fue sometida a una práctica de Interrupción Legal del Embarazo, pero sin su consentimiento, lo que derivó en una investigación penal por el delito de aborto.

En el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal se inició una investigación penal.
En el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal se inició una investigación penal.

Posteriormente, y en medio de la polémica desatada por el caso, Andrés Rambert Ríos solicitó el jury contra el fiscal Gonzalo Vega y Lorena Martínez, a quien responsabilizó por mal desempeño en sus deberes judiciales en torno a la causa.

La semana se cerró con la réplica que provino de grupos que apoyan a la médica Miranda Ruiz, quien había sido detenida, imputada y finalmente liberada. Por medio de distintas publicaciones en las redes sociales, revelaron que Rambert Ríos tiene un juicio pendiente por el delito de abuso sexual.

De esta manera, buscan bajar el tono a las acusaciones del letrado en contra de la médica, como así también contra los fiscales, pues junto al recordatorio de la causa penal pendiente se dio a entender que el abogado tendría un pleito de vieja data con uno de los fiscales y que ese sería el real motivo del pedido de jury.

De esta manera, la controversia respecto a si la médica actuó o no a derecho al momento de interrumpir el embarazo empieza a correrse de escena, para darle paso a viejas disputas que, lejos del eje principal del caso, desvían la atención en cuestiones personales y no de fondo.

Sobre los supuestos trapitos sucios del letrado, se dio a conocer que la causa estaría en manos del juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelso Aramayo. Y que la investigación fue iniciada el año pasado nada menos que por la fiscal Martínez, de Violencia de Género de esa ciudad, quien ya requirió juicio el 18 de mayo último.

La víctima, según publicó Salta/12, hizo la denuncia con el acompañamiento de la Fundación Volviendo a Casa, organización a la que se acercó para hacer conocer la situación que sufría. Además de la acusación por abuso, en el expediente se relatan otras formas de maltrato hacia la víctima.

Pedido de Jury

En su pedido de jury de enjuiciamiento contra Martínez, el abogado querellante cuestionó a los fiscales Vega y Martínez porque, el primero, no acusó a la médica Ruiz por el delito de homicidio, mientras que el reproche contra la fiscal se debe a su supuesta inacción ante un pedido formal de evitar la interrupción del embarazo.

Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, se alimentó la estrategia de “matar al mensajero” y deslizaron que Rambert Ríos ya recusó en dos oportunidades a la funcionaria judicial en la causa en la que casualmente se encuentra imputado.

De esta manera, se busca desviar la atención en torno a la legalidad de la ILE, lo que podría ser perjudicial, sobre todo en tiempos tan caros para los salteños como lo es la fiesta del Milagro, donde los grupos que apoyan la vida tienen mayor fuerza.

Al respecto, cabe señalar que hace pocos días, un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le otorgó legitimación activa a un planteo realizado por los grupos próvida en contra, tanto de la ILE como la ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta resolución, según se especula, podría ser el puntapié inicial de una posible declaración de inconstitucionalidad de dichas leyes.

La investigación es contra la médica Miranda Ruiz como única imputada

Por la práctica de interrupción del embarazo, realizada el 24 de agosto pasado en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, se inició una investigación penal que tiene a la médica Miranda Ruiz como única imputada, en este caso por el delito de aborto.

La profesional, por supuesto, asegura que no cometió ningún delito, pues se ciñó al protocolo de la ILE, ya que la decisión de intervenir, según asegura, provino de un equipo interdisciplinario, aspecto que ahora es motivo de investigación.

El caso se judicializó el 3 de septiembre, cuando se produjo la detención de la médica a instancia de la sospecha de que no se había cumplido con el protocolo, entre algunos de los puntos destacados es que la ILE está reglamentada para embarazos de hasta 14 semanas de gestación, siendo el practicado de 22 semanas.

La detención de Ruiz se produjo por pedido del fiscal Vega, con autorización del juez de Garantías 2, Héctor Fernando Mariscal Astigueta. El 5 de septiembre, en tanto, la familia de la joven presentó la denuncia. En la misma, reconocieron que en primer lugar se buscaba el aborto.

No obstante, la joven se arrepintió de la práctica y pidió que no sea sometida a la misma, pero nadie la escuchó y fue obligada a seguir. Tras ser imputada, la médica recuperó la libertad, pero debe cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de abandonar Tartagal.

La apertura de una causa penal generó fuerte reclamos de grupos de pañuelos verdes, los que salieron a la calle a pedir la libertad de Ruiz. “Es posible afirmar que el delito que se le imputa a la profesional es el que se encuentra tipificado en el artículo 85, párrafo 2 del Código Penal que prevé una pena muy leve, por lo que, a priori, la detención resultaría absolutamente irrazonable e injustificada”, dijo la ministra del Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

 

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