Su detención ocurrió a partir de un pedido de captura que había en su contra en el marco de la causa abierta por el robo de más de 200 caños del Gasoducto Nea, en la localidad de Aguaray.
Tras ser imputado y disponerse la prisión preventiva, medida dispuesta a instancia del fiscal federal, Eduardo José Villalba, quien lleva adelante el caso, Antonio Adrián Vera quedó seriamente comprometido, pues es el único de los 11 imputados que tiene el caso que se encuentra detenido.
Ahora, el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, formalizó una nueva causa en su contra. Al respecto, la fiscalía informó que el 9 de septiembre pasado, a través de una audiencia de imputación mediante videoconferencia, imputó a Vera el delito de estafa.
La acusación, según lo informado, surge de la denuncia radicada por un hombre que estaba encargado por un amigo, de la venta del vehículo. Relató que publicó la oferta mediante la red social Facebook y fue contactado por Messenger por Vera, quien demostró interés y ofreció pagarla con un cheque que estaba a nombre de una empresa con solvencia.
Tras un intercambio de mensajes por WhatsApp, el vendedor verificó que la misma no presentaba cheques rechazados y concretaron la operación en su domicilio con un boleto compra venta. Al presentarse a cobrar el cheque en la entidad bancaria, se dio con la noticia que la cuenta a la que pertenecía, había sido cerrada en 2017. A partir de la denuncia, y como resultado de diversas tareas investigativas, el vehículo fue localizado en la localidad de General Mosconi y se procedió a su secuestro.
La detención de Vera, como se conoce, se produjo a partir de un pedido de captura dispuesto el 14 de mayo pasado por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. La medida se tomó en el marco de la causa abierta por el robo de caños, cuyo principal acusado es el intendente de Aguaray, Jorge Prado, como así también su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes.
La lista se completa con varios empresarios de la provincia de Mendoza y Buenos Aires, quienes adquirieron los caños sustraídos de la red del gasoducto, tanto en la localidad de Aguaray como en otros parajes en General Mosconi.