La funcionaria dijo a Nuevo Diario que llamó la atención la información que se dio a conocer a los medios la semana pasada, cuando en Salta se lleva el registro de condenados en el marco de la Ley Provincial 7765 que crea el Registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual y banco de datos genéticos, reglamentado en 2016, y que se puso en funcionamiento desde 2018.
Según las explicaciones de Iradi, desde ese año es que se empezó a solicitar los pedidos de DIUG tomando las sentencias condenatorias de parte de 2017, todo 2018 y parte de 2019.
Según los cálculos que se hicieron de manera genérica, Iradi sostuvo que se registraron más de 550 pedidos, entre ambos delitos (es decir atentados contra las personas, como homicidios, y abusos sexuales), de los cuales menos de la mitad es de quienes cometieron delitos contra la integridad sexual.
La secretaria de Justicia aseguró que una vez que se comunicaron con el director nacional del Registro de Datos Genéticos, Jorge otto, y se pidió explicaciones, este indicó que los datos corresponden a los registros de condenas que hay en Salta entre 2007 y 2017. Hasta donde se pudo saber, estos datos surgen de un Registro de Reincidencia y, por lo tanto, se dejó sin filtrar los datos que corresponden a personas y los datos que corresponden a hechos. Y es que en muchas ocasiones una persona cometió más de un hecho de abuso sexual, y por lo tanto "el dato es, mínimamente, inexacto", dijo la funcionaria.
A ello sumó que mal se puede indicar la relación con otras provincias, cuando muchas otras jurisdicciones no cuentan con registro alguno a nivel provincial para sistematizar esta información.
Por ahora, se pudo saber, hay un pedido de explicaciones al Ministerio de Justicia de la Nación para conocer en profundidad cómo sistematizó la información que dio a publicidad.
