LA DEFENSA EN EL JUICIO

Afirman que la asociación ilícita de Barreto no está demostrada

En el juicio uno de los abogados defensores sostuvo que “el Gobierno debería dar la cara por el direccionamiento que se efectúa en el marco de las acciones políticas, previas a una elección”.

NDS |

“La jefatura de esa asociación ilícita” era ejercida por el imputado Diego Barreto, según los punteros en sus contactos con los damnificados",

La audiencia sigue su marcha en contra de seis imputados; dos de ellos ex subsecretarios de Tierra y Hábitat, un empleado de ese organismo y tres “punteros” políticos.

Carlos Saravia, defensor de Roberto Nellessen, sostuvo que a su entender la asociación ilícita no está integrada en pleno ya que el trámite ante Impugnación, no dio presunción de algo delictivo, “lo mas significativo es que de todo lo que se hablaba no se vio hasta ahora, ya que solo una testigo aseguró haber entregado 25 mil pesos”.

Para Saravia la causa debería haber estado encuadrada en la entrega de coima o cohecho.

“Si va quedando en claro que había direccionamiento para actividad política, ya que se buscaba a la Corriente Clasista y Combativa porque obtenían lotes, todas personas de escasos recursos, a los que luego los llevaban a los actos de Evita Isa, es el nombre que se repite en los testimonios”, dijo Saravia.

El letrado representa a Nellesen empleado, que estuvo preso 51 días, “solo debía informar si tenían vivienda los que se inscribían, y quedó imputado en la causa”, remarcó.

Están siendo juzgados Diego Barreto, Víctor Rodríguez Diez Tizón, Roberto Nellessen, Esteban del Corazón Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez por irregularidades en la adjudicación de lotes en los terrenos anexos al barrio Parque La Vega.

Según la acusación “la jefatura de esa asociación ilícita” era ejercida por el imputado Barreto, lo cual era manifiestamente evidenciado por los “punteros”, quien al hacer los contactos con los damnificados, afirmaban “la participación directa de Barreto”, por entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat, en la maniobra.

El resto de los imputados, en tanto, cumplía la función de integrantes o partícipes de la asociación ilícita, delito por el cual el Código Penal establece una pena de hasta diez años de prisión, pues se trata de uno de los actos de corrupción más grave, sobre todo si se cometen dentro del ámbito de la función pública.

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