SIGUE CON PRISIÓN PREVENTIVA

Al comandante de Gendarmería le rechazaron el pedido de arresto domiciliario

A una semana de ser detenido e imputado, la defensa del comandante Marciano Alberto Páez, intentó sin éxito revocar la prisión preventiva dictada por el juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya.

La detención del comandante, tras varios allanamientos.
La detención del comandante, tras varios allanamientos.

Esta medida fue confirmada por el Tribunal de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

El planteo se hizo en una audiencia de impugnación, la cual se llevó a cabo el miércoles pasado bajo la dirección del juez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas junto a los vocales Alejandro Castellanos y Guillermo Elías, quienes actuaron en feria.

Páez, cabe señalar, fue detenido el 6 de julio pasado junto al alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, todos del escuadrón de Aguaray, acusados de cometer el delito de tentativa de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público.

En la primera audiencia, en la que se formalizó la acusación penal, el fiscal general Eduardo José Villalba efectuó la imputación, tanto contra los tres gendarmes como así también hacia el propietario de una finca colindante con Bolivia, ubicada en Campo Durán.

Villalba, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, explicaron al juez Montoya las maniobras desplegadas por los cuatro acusados, consistentes en el cobro de un peaje a los transportistas de granos que llegaban a la zona y buscaban pasar a Bolivia, sin contar con la documentación en regla.

Indicó los roles de los mismos, en los cuales el finquero era el primer nexo con los camioneros, quienes luego de pagar sumas que oscilaban entre los 150 y 200 mil pesos, avanzaban hacia la frontera con la cobertura especial que les brindaban Marciano Alberto Páez, Jefe de Escuadrón, y sus subalternos, quienes liberaban la zona para el paso ilegal de los transportistas.

Con un gran cúmulo de pruebas, entre las cuales se reunieron numerosas conversaciones en la cual los acusados se referían a los montos que embolsaban en carácter de coimas, la fiscalía avanzó no solo con la imputación, sino también solicitó la prisión preventiva.

Para ello, expuso ante el juez Montoya la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y la posibilidad latente de que los acusados entorpezcan la investigación, ya sea a través de maniobras de amedrentamiento a testigos, siendo varios de ellos otros subalternos.

También indicó que, en varias medidas investigativas ordenadas por distintas fiscalías en torno al contrabando de granos en la zona, los acusados solían poner sobre aviso a los investigados, con lo cual echaban por tierra las pesquisas.

Al resolver, el juez Gustavo Montoya coincidió con la fiscalía respecto a la grave acusación, pues en el caso de los tres gendarmes acusados, la sociedad esperaba otro tipo de comportamiento. Lejos de ello, ratificó que los acusados no sólo causaron un grave perjuicio al erario público sino a la confianza del ciudadano hacia el Estado. En la audiencia de impugnación, los abogados defensores del comandante, volvieron a la carga en busca de lograr su libertad. También lo hizo el abogado del dueño de la finca.

Los defensores de Páez insistieron  en los mismos argumentos, aunque esta vez hicieron hincapié en la trayectoria del comandante, de la cual resaltaron ciertos méritos.

Contundentes argumentos por parte del Tribunal de Revisión

Tras evaluar los argumentos, como así también los esgrimidos por el fiscal Villalba, quien rebatió tales agravios, el tribunal resolvió -por unanimidad- rechazar el pedido de la defensa de Páez, quien seguirá preso.

Sobre los peligros procesales, el juez Castellanos resaltó que el riesgo de fuga es notorio dada su residencia habitual en una finca con límite con el Estado Plurinacional de Bolivia. Y que, al tratarse de delitos transnacionales, esa localización geográfica adquiere relevancia particular, ya que integra el plexo de las condiciones personales del imputado, las que el tribunal debe juzgar a la hora de analizar la procedencia o improcedencia de una medida cautelar.

Respecto a Páez, el juez Rabbi Baldi Cabanillas destacó que la gravedad del hecho y la pena en expectativa representa un riesgo procesal, tanto en materia de fuga por el lugar donde desempeñaba sus tareas, como también está presente el peligro de entorpecimiento dado el grado de ascendencia hacia sus pares, sumado al cargo jerárquico podría amedrentar a los testigos.

El juez Castellano indicó que surge claramente el incumplimiento del deber de funcionario público, en una referencia concreta al cohecho con el señalamiento de los montos, a lo que se suman las conductas deliberadas a desviar las investigaciones llevadas adelante por la fiscalía.

Todo ello, agregó, termina por desvirtuar la argumentación efectuada por la defensa en cuanto a los méritos obtenidos por Páez a lo largo de su trayectoria. Evaluó que en razón de la situación de subordinación y la condición de comandante principal que reviste el imputado, lo coloca en una situación de privilegio a la hora de poder producir interferencia sobre los testigos.

 

 

 

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