Tanto despliegue obedece a una causa penal iniciada por el fiscal penal Pablo Cabot de Tartagal contra el intendente Rubén Méndez.
Se trataría de un hecho de enriquecimiento ilícito, sospecha que surgió de una denuncia web radicada contra el jefe comunal de esa localidad, quien ya es objeto de investigación por otros casos de corrupción, tanto por la Justicia provincial como federal.
Los allanamientos, según lo informado, fueron dispuestos por el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, quien hizo lugar al pedido realizado por la fiscalía respecto a diversos domicilios, la mayoría de ellos propiedades particulares de Méndez.
Para la ejecución de las medidas, el magistrado dispuso como responsable al subcomisario Juan Pablo Sánchez de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la Policía de la provincia, como así también se autorizó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Dada la cantidad de allanamientos, entre ellos la sede de la municipalidad de Salvador Mazza, el juez permitió la colaboración y coordinación con otras fuerzas federales, entre ellas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina y el Grupo Operativo Conjunto-NOA).
Como producto de las diligencias, desde la fiscalía se informó el secuestro de vehículos importados, dinero en efectivo (euros y dólares), documentación y un arma de fuego, elementos que ahora serán motivo de varias pericias.
Más de 50 millones
Las actuaciones penales se originaron a partir de una denuncia web xx06/2021, la cual dio paso a sospechas de un enriquecimiento ilícito por parte de Méndez, como así también de familiares por la compra durante este año de dos vehículos importados (BMW X6 XDRIVE40I y BMX M 340I XDRIVE) y una camioneta Ford (F-150 Raptor 3.5L cabina doble 4×4) por la suma aproximada de 56.835.000 millones de pesos.
Según consta en la denuncia “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de cincuenta mil pesos aproximadamente, lo cual torna imposible contar con capacidad económica para poder adquirir los vehículos mencionados en la presente denuncia”.
Los familiares de Méndez –que figuran como propietarios de dos de los vehículos- tampoco podrían justificar la compra con sus ingresos.
Por otra parte, según lo dado a conocer, en la denuncia también señalaron que una organización liderada por el intendente se quedaría con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento de Salvador Mazza.
Según se pudo saber, el juez Aramayo autorizó también la obtención de datos informáticos y electrónicos en las oficinas municipales, donde el intendente desarrolla sus actividades, ya sea en su despacho, en la Secretaría de Obras Públicas, de Haciendas, de Cultura y la Secretaría Privada, entre otras dependencias.
Obviamente, tanto despliegue generó un gran revuelo en el municipio, pues la ciudad amaneció poblada de policías e integrantes de varias fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales.
Ilícitos en la recaudación y registros contables
Por lo averiguado por este medio, los policías y peritos que participaron de los allanamientos buscaban documentación referida a partes de tesorería, resoluciones, ordenanzas, circulares, memorándum, planillas de recaudación, cuadernos o libros de registros contables.
En particular se focalizaron en papeles vinculados a los puestos de Guandacarenda y Vove, como así también ejecuciones presupuestarias correspondientes a los años 2020 y 2021, boletos de compra venta o documentación relacionada a la adquisición de vehículos.
En ese marco, se dispuso especial atención a los vehículos, teléfonos y otros dispositivos electrónicos, al igual que registros de filmaciones si las propiedades cuentas con cámaras de videos. También se solicitó buscar documentos vinculados a operaciones inmobiliarias y constitución de empresas, entre otros.
En ese tren, los peritos se llevaron gran cantidad de documentación, tanto relacionada a Méndez como a sus familiares. También se secuestró un arma de fuego y varias municiones, la que, al parecer, no tenía los papeles de respaldo para su tenencia.
Cumplidas estas medidas, ahora se espera que en los próximos días la fiscalía cite al intendente para hacerle conocer la nueva imputación penal, hasta ayer divulgada como presunto enriquecimiento ilícito, lo cual, por cierto, no es ninguna novedad para los vecinos, quienes conocen de cerca los movimientos de su jefe comunal y los bienes que posee.
En febrero, Méndez fue acusado por no enviar el presupuesto al Concejo Deliberante y por no responder informes de gastos, lo que le valió la apertura de una causa penal por malversación de fondos.
La imputación fue realizada por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien actuó en función de una denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante Carlos Blademir Villalba.
