El juez Julio Bavio y el fiscal Eduardo Villalba llevaron adelante la investigación que se inició luego de las denuncias que señalaban que en la clínica se podrían haberse cometido los delitos de estafa contra la administración pública y violación a la ley de residuos peligrosos.
De acuerdo a lo que trascendió en el Neurodiagnóstico se habrían falsificado sistemáticamente la cantidad de días que los pacientes permanecen en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) con el fin de incrementar la facturación que se presenta ante el PAMI.
Otro de los hechos hablan que los responsables de la clínica comprarían solamente el 40% de la provisión necesaria de medicamentos, pero facturarían al PAMI como si se hubiera administrado el 100% de las medicinas a todos los afiliados que lo requieren; esto en el marco que la Clínica del Neurodiagnóstico no contaría con la habilitación técnica para Farmacia que debe estar a cargo de un Farmacéutico matriculado, por lo que se vería imposibilitada de adquirir medicamentos del tipo psicofármacos y que éstos serían adquiridos de manera ilegal por la clínica e incluso se-rían robados del Hospital San Bernardo.
En el allanamiento se secuestraron computadoras y documentación que en las siguientes semanas serán analizadas por la investigación para conocer responsabilidades.
Denuncias por muertes
Las denuncias se habrían iniciado por la supuesta muerte de dos pacientes cuyos traslados se podrían haber demorado. Esa demora podría haber precipitado las dificultades.
También en el marco de los trascendidos, fuentes que llevaron adelante el allanamiento, se vieron sorprendidos por los desechos patológicos con los que se encontraron quienes llegaron a la clínica en la mañana de ayer, lo que habla de una falta de manipulación y destino correcto.
