En dicha resolución, emitida el pasado 8 de septiembre, la jueza dictaminó dejar sin efecto el segundo párrafo del punto I de la mencionada resolución, a saber: “Igualmente prohibir al denunciado, acercarse a la víctima, debiéndose mantener a una distancia de doscientos (200) metros, al domicilio particular y/o a los lugares donde esta concurra y de ingresar al domicilio”.
La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, presentó el recurso de apelación en contra de la resolución que levanta las medidas preventivas contra el fiscal imputado por los delitos de lesiones agravadas por violencia de género, daños, privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad.
En un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal, se hace hincapíe en la evaluación de riesgo positiva que existe sobre la víctima.
"Esto obliga al Estado a intervenir atento los compromisos internacionales asumidos a través de la Convención de Belém do Pará, que permiten afirmar que estamos ante la excepcionalidad que prevé la citada normativa en cuanto se trata de una cuestión de interés público que amerita y exige la actuación oficiosa de los operadores jurídicos en su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, a la par que deviene imperativa la protección integral de la víctima", argumentó en su escrito la fiscal Sodero al respecto de la presentación.
Además, el mismo recurso se confirmó que fue presentado por el Ministerio Público Pupilar
