Más allá de discutir sobre la veracidad del hecho, el abogado apuntó a la impericia con la cual se investigó en la causa durante la instrucción que estuvo a cargo del juez de Garantías Nº 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, y del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.
Uno de los puntos en los cuales se interpreta la mayor falencia, tiene que ver con el hecho que nadie pudo saber del embarazo de la nena hasta pasados 6 meses. Pero se suma a ello, también, el desconocimiento del embarazo en el momento mismo que ocurrió el ataque en banda. Pues tras la autopsia que se hizo sobre el cuerpo de la beba muerta surgió que el ADN no coincidía con el de los imputados. También se sumó el hecho que, según se demostró por la autopsia, cuando ocurrió el ataque, el embarazo ya estaba en curso y nadie lo detectó. Esto indica que existió un abuso sexual anterior, por lo cual desde hace tres años hay abierta una nueva causa que investiga el hecho.
"Fue una tortura la Cámara Gesel", dijo Heredia al referirse al procedimiento que se realizó no solo con la niña atacada, sino también con dos chicas que en esos momentos la acompañaron y que reconocieron a los atacantes. El abogado, sostiene, el procedimiento se tendría que haber hecho a los días de ocurridos los hechos, y no seis meses después como ocurrió.
"El tratamiento es un antivomitivo, nunca un analgésico o un suero, cuando se sospechaba que la nena había sido drogada", agregó el letrado al señalar las diversas falencias encontradas.
A ello sumó que el médico de apellido Mamaní quien detectó el desgarro perineal de la niña, sostuvo en su declaración que él suponía que era un abuso aunque carecía de experticia para ello. "No lo encontraron para que comparezca al juicio a ratificar su declaración", dijo Heredia.
Contrapuso lo dicho por Mamaní a lo declarado por el bioquímico Ramón Bustamante, gerente del Hospital de Alto La Sierra, quien Heredia aseguró, dijo en el juicio que jamás le mencionaron sobre un abuso cuando extendió el certificado.
El abogado defensor dejó entrever que existen intereses desde algún sector de la Justicia para encontrar esta condena ante la presión social que existía, de lo cual reconoció, no estaba libre el gobierno provincial. "También me hubiese gustado que se vayan los que actuaron mal", dijo a Nuevo Diario.
Los fundamentos de la decisión del Tribunal estarán el 6 de marzo y de allí Heredia tendrá 10 días para apelar.
